Más presión de las privatizadas contra nuevas regulaciones

El proyecto de ley del régimen nacional de los servicios públicos recién ingresó esta semana en las cinco comisiones de la Cámara de Diputados que lo analizarán, y ya suscita polémica y presiones. Como era previsible, las empresas privatizadas empezaron en estos días a entrar en contacto con legisladores, que hasta ahora prácticamente no conocían. Se afirma que los más requeridos son Hugo Toledo, presidente de la Comisión de Obras Públicas, y Jesús Blanco, titular de la de Energía.

Dentro de las empresas, hay un temor común a la «discrecionalidad» por parte del Ejecutivo que se abriría con el régimen. «Es tanta la injerencia estatal que surge del proyecto, que queda la sensación de que los contratos se convirtieron en permisos 'precarios' que pueden caer por cualquier motivo», afirmaron en una compañía. Con cierta ironía, el asesor legal de otra empresa aseguró que «cuando uno lee el proyecto, lo primero que piensa es que eso a los 'amigos' no les va a pasar».

La iniciativa se venía discutiendo en el gobierno desde hace varios meses, y finalmente fue anunciada la semana pasada en una imprevista conferencia de prensa del ministro de Planificación, Julio De Vido. En alguna privatizada creen que «el proyecto puede ser un arma de negociación, pero lo que pasa es que ahora está el Parlamento de por medio».

• Mensajes

Algunos hechos justifican estos pensamientos. En la reunión con los titulares de los bloques justicialistas y de las dos Cámaras, el presidente Néstor Kirchner habría dejado dos mensajes, según los asistentes. «Escuchen todas las opiniones», aseguran algunos que dijo. «Extremen la búsqueda de consensos, porque si hay acuerdo entre los principales bloques va a ser más fácil resistir los lobbies que van a venir», habría recomendado Kirchner según otros.

Por su parte, el ministro Roberto Lavagna insinuó que habría modificaciones al proyecto. «Hay algunos aspectos -habría asegurado- que merecen ser profundizados.» La frase tampoco sonó bien en las compañías, alguna de las cuales expresó que el mayor temor es convertirse en «rehenes» de las internas dentro del justicialismo.

Ayer mismo, el diputado Toledo, uno de los hombres del grupo más íntimo de Eduardo Duhalde, declaró por radio sobre el tema, aunque en la agenda, la Cámara de Diputados debe primero tomar una decisión sobre la creación de Enarsa, que ya tiene media sanción de Senadores. Con cautela, Toledo afirmó que «todavía no se sabe» si la nueva ley alcanzará a los marcos regulatorios de la luz y el gas, que en su momento, fueron dictados por ley. A su vez se pronunció a favor de un «único régimen», aunque admitió que necesariamente sería «muy general».

Esto es, ninguna definición precisa palabras suficientes para delimitar terreno, centrando precisamente en la temática de las privatizadas de gas y electricidad que se autodefinen como las más perjudicadas por el nuevo esquema.

A la hora de presionar por los cambios, las privatizadas pondrán el acento en el artículo sexto del proyecto según el cual «el Poder Ejecutivo definirá en todos los casos el plan de inversiones a ejecutarse». Curiosamente, este aspecto general refiere sobre todo a empresas de gas y electricidad, porque en todos los demás servicios hay inversiones obligatorias. En electricidad, los contratos vigentes exigen el cumplimiento de estándares de calidad. En gas, las empresas deben proponer cada cinco años las inversiones, sobre todo en expansión, que resulten más convenientes para el negocio.

La otra gran preocupación de las distribuidoras de gas y electricidad es que si cambiará el sistema previsto en las leyes de marco regulatorio y los contratos, que permite trasladar a tarifas en su exacta incidencia, la suba en el precio del gas o en la energía a nivel mayorista.

En el proyecto, el aumento por motivos estacionales deberá ser autorizados por el órgano de control «cuando medien variaciones significativas de costos o lo aconseje el uso racional de los recursos». Pero los aumentos estacionales de gas y energía no los deciden los órganos de control sino el Poder Ejecutivo. De hecho, el Decreto 180 de febrero de este año establece sucesivos ajustes para el precio del gas en boca de pozo, desde octubre próximo hasta fin de 2006. El valor de la energía mayorista lo fija Cammesa, la empresa mixta que controla las operaciones en el mercado eléctrico.

Por consiguiente, la limitación en el nuevo proyecto parecería dedicado a limitar el traspaso a tarifas por parte de las distribuidoras.

En medio de tanta confusión, un observador calificado sugirió que «aunque siempre hubo intención de un marco regulatorio general, en el proyecto que fue al Congreso, parece haber un interés particular en avanzar sobre privatizadas de gas y electricidad, por lo cual no sería extraño que sea en parte la respuesta del gobierno al rechazo en bloque que hicieron esas compañías a la propuesta de renegociación del gobierno».