Más problemas legales para ''Clarín''

Un efecto no deseado: el recurso extraordinario presentado por la fiscal de la Cámara Federal en lo Comercial, Alejandra Gils Carbó, impugnando ante la Corte Suprema la fusión de CableVisión y Multicanal, fue uno de los argumentos que puso el gobierno en la mesa de negociaciones con el monopolio «Clarín», para terminar con las hostilidades mutuas (lo que finalmente sucedió este fin de semana).

En efecto, trascendió que la presentación de la fiscal -que viene llevando adelante una valiente pelea contra el monopolio, que ya le costó siete pedidos de juicio político y dos denuncias penales- resultó uno de los argumentos más fuertes que habría llevado Sergio Massa (uno de los negociadores designados por el gobierno) a su reunión con Jorge Rendo, principal lobbysta del monopolio.

La funcionaria judicial fundamentasu presentación ante la Corte en que se violó la denominada Ley de Defensa de Bienes Culturales, pero conocida como «Ley Clarín». Esa norma, refrendada por Néstor Kirchner los primeros días de su mandato, impone un límite de 30% para la compra por parte de inversores extranjeros de empresas periodísticas y de medios de difusión. La ley fue impulsada en el Congreso por el propio Rendo para impedir que los acreedores de «Clarín» (fundamentalmente el banco de inversión Goldman Sachs) se quedara con el grupo a cambio de la deuda.

Sin embargo, llegado el momento de concretar la monopolizacióndel mercado de la TV paga, «Clarín» se asoció con el fondo Fintech, que tiene sede en el estado de Delaware (EE.UU.), y es presidido por el mexicano nacionalizado británico David Martínez; ese fondo buitre es dueño de 40% de CableVisión, que a su vez -producto de la fusión «de facto» entre ambas empresas de cable- es propietaria de 100% de Multicanal. El otro 60% de CableVisión es, claro, de «Clarín». Sin embargo, ese « detalle» legal no fue tenido en cuenta por el tribunal de primera instancia y por la cámara de alzada al momento de aprobar el APE (acuerdo preventivo extrajudicial) entre «Clarín» y sus acreedores, entre los cuales se contaba Fintech que votó el acuerdo a pesar de que su doble condición de acreedor y accionista se lo impediría por ley.

Queda en manos de la Corte Suprema decidir si todos estos planteos de Gils Carbó son razonables y ameritan declarar nulo el APE de CableVisión/ Multicanal. Pero no es éste el único lío que enfrenta el monopolio en estrados judiciales: también avanza la demanda de Gigacable -una pequeña empresa de TV paga que algunos rumores indican como adquirida por el magnate mexicano Carlos Slim Helú-, que denunció a «Clarín» por prácticas monopólicas y pidió ante la Justicia que se lo obligue a soterrar toda su red aérea de cables, lo que le representaría al grupo Noble-Magnetto una erogación estimada en los u$s 300 millones.