Mayores problemas se dieron en el interior

Varios jueces federales y provinciales del interior del país -Santiago del Estero, Chaco y Río Negro cuyos magistrados se verán expuestos a una investigación del Consejo de la Magistratura si se trata del fuero Federal Penal o Contencioso Administrativo Federal en la Ciudad de Buenos Aires (ver aparte)- declararon ayer inconstitucional a la ley «antigoteo o tapón» que busca frenar el drenaje de los depósitos financieros poniendo al sistema al borde del colapso. Sólo la jueza federal de Rosario, Sylvia Aramberri declaró inconstitucional al «corralito» pero aplicó la ley tapón: el beneficiario -la Caja de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas-no podrá retirar los u$s 22 millones «hasta tanto la decisión quede definitivamente firme ya que se trata de una medida apelable». O sea apelación a la Cámara Federal de Rosario y, eventualmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En tanto en la Capital Federal no se conocieron resoluciones judiciales contrarias a la «ley antigoteo o tapón» pese a que se presentaron numerosos planteos de inconstitucionalidad -fundamentalmente el artículo 3º que permite la consulta al Banco Central-para permitir que se sigan devolviendo los depósitos bancarios retenidos en el «corralito» financiero: el único di-nero reintegrado por algunos bancos correspondió a demandas judiciales anteriores a la ley comprometidas ya por las entidades a sus depositantes. De todos modos, en el distrito federal, hubo por los menos tres magistrados - Martín Silva Garretón, Osvaldo Guglielmino y María del Carmen Carrión de Lorenzo-que no retiraron las demandas judiciales que ordenan el secuestro de los fondos pese a la vigencia de la nueva ley.

Pero pese a los cuestionamientos contra algunos magistrados contenciosos, existen casos opuestos como el de la jueza porteña Emilia García, quien hasta ayer no había resuelto a favor de un amparista porque le resultaba difícil justificar la devolución de u$s 1.000.000 basado en razones de necesidad y urgencia. Ayer también se buscó reparar la sangría a que someten a los bancos los jueces del interior. La Legislatura bonaerense envió un proyecto de ley para acatar lo que establece la «ley tapón»: todos los recursos de amparo deben ser resueltos por la justicia federal. El caso no es menor porque en ese distrito -fundamentalmente en Necochea y San Martín-se han producido la mayor producción de amparos.

Durante el fin de semana, en ese fuero Contencioso Administrativo Federal puesto en el «foco de la tormenta» de la grave crisis financiera, se planteó un profundo debate sobre la metodología a seguir: por un lado se analizó declarar la inconstitucionalidad de la norma y por el otro, abandonar la práctica del secuestro de los bienes financieros y cambiar por inhibiciones contra los propios bancos, embargando sus activos y extendiéndolos a las casas matrices o al patrimonio de sus directores locales.