«El gobierno evalúa más medidas regulatorias para anticiparse a un eventual desabastecimiento energético», aseguró ayer el secretario de Energía, Daniel Cameron, durante un seminario organizado por la Cámara de Empresarios Argentinos de Energía (CEADE) en el que además defendió el proyecto de ley de cargos específicos para financiar obras de infraestructura.
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Ante más de 100 directivos de empresas del sector, Cameron explicó que las medidas que se estudian estarán vinculadas con posibilitar una gestión de demanda ordenada, la responsabilidad de los grandes usuarios y una de más largo plazo que garantice (para las inversiones que faltan completarse) señales claras para que se concluyan. Todo esto para evitar «7 o 10 días con problemas en verano y en invierno», dijo.
Pero durante su disertación, en lo que más hizo hincapié fue en la necesidad de que se apruebe la ley de cargos que se encuentra en el Congreso y se discutirá la semana próxima sobre la que dijo «no es un capricho del gobierno para manejar obras y adjudicar los precios que se nos ocurran».
Según Cameron, «los diputados de la oposición quieren saber los costos y los precios por zonas de las obras, pero eso dependerá de la demanda. Crear un nomenclador no permite la flexibilidad que esto necesita». En la Cámara baja este proyecto clave es uno de los que encuentran mayor resistencia porque la oposición se niega a otorgar al Ejecutivo el manejo de un tema muy sensible. El funcionario se mostró convencido de la aprobación y justamente presente en el seminario estaba la diputada kirchnerista Rosana Bertone, presidenta de la Comisión de Energía de la Cámara de diputados que apoya el proyecto.
Para abrir el acto en que se lanzó formalmente la CEADE, el presidente de la entidad, Marcelo Mindlin ( Transener, Edenor), aseguró que «la normalización de las reglas de mediano y largo plazo y la renegociación de los contratos son decisiones particularmente relevantes en el sector energético. Las nuevas inversiones en obras, operación y mantenimiento, deberán tener una rentabilidad razonable para las empresas tal cual se ha ratificado en cada uno de los contratos ya renegociados entre el gobierno nacional y las empresas concesionarias».
El empresario explicó que «este concepto debe ser incluido en una política de recomposición de precios de manera tal que a la mayor participación estatal se pueda sumar la inversión privada en montos significativos. Las necesidades de inversión en el sector son demasiado altas para descansar sólo en un actor». Igualmente, señaló que «cualquier propuesta deberá tener contenido social, excluyendo de todo aumento a los sectores de menores recursos y dejando de subsidiar a los sectores de mayores recursos que claramente están en condiciones de adecuarse al verdadero costo de la energía y de los servicios públicos».
Presentes
Entre los asistentes se encontraban los más altos directivos de compañías vinculadas al sector y grandes consumidores de energía, como Alberto Guimaraes ( Petrobras), Silvio Resnich ( Transener), Daniel Risso (Esso), Alejandro Macfarlane ( Edenor), Rogelio Pagano (Grupo Dolphin), Adrián Pérez (Pan American Energy), Franco Macri (SOCMA), Hernán Maurette (MetroGas) y otros funcionarios del gobierno como Lisandro Salas ( Coordinación Técnica).
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