Megacanje fracasará si no se baja 8% gasto público

Argentina atraviesa hoy su segunda gran crisis de financiamiento público en apenas algo más de una década, luego de la del ciclo 1983-1989 -que terminó en hiperinflación e incumplimiento-. En la crisis presente, el financiamiento del sector público se agotó en virtualmente 7 años -tercer trimestre de 2000-. En ambos casos la responsabilidad del exceso de gasto público ha sido determinante.

La incapacidad del sector público para controlar el gasto y adoptar una política previsora de deuda y financiamiento ha terminado amenazando todo lo que la Argentina esforzadamente construyó en la década: la estabilidad monetaria lograda con la convertibilidad, la fortaleza del sistema financiero, la solidez del sistema privado de pensiones, la competitividad y crecimiento del sector privado -por presión impositiva y crowding out-y ahora también el crédito público, a través en este último caso de propuestas domésticas e internacionales que irresponsablemente proponen que la Argentina agregue un línea más a sus incumplimientos pasados.

La mejoras en nuestra calificación crediticia internacional logradas en el período 1991-1997 ya han sido, en lo esencial, revertidas, y hoy la Argentina se encuentra a 5 escalones del grado mínimo de inversión, lo que significa, estadísticamente, que requerirá entre 8 y 10 años para alcanzarlo. Desde enero de 2000, en tanto, 13 soberanos emergentes mejoraron su calificación, 36 la mantuvieron sin cambios, y sólo 5 -además de la Argentina-retrocedieron (Standard & Poor's). Esos 5 empeoraron su calificación en un escalón, pero la Argentina -que se propuso alcanzar el grado de inversión bajo esta administración-lo hizo en 3.

El sector privado ha sido invitado a participar, primero en el blindaje y ahora a través del anunciado canje de deuda. Los efectos del blindaje fueron efímeros como consecuencia de la incapacidad para controlar seriamente las cuentas públicas y de no incluir medidas que garantizaran responsablemente la solvencia fiscal tanto en el corto como en el mediano plazo. Los aportes de los organismos internacionales quedaron comprometidos y simultáneamente los mercados dieron claramente su veredicto.

En estas condiciones resulta esencial que el canje sea exitoso y sus efectos perdurables. Ello requiere una implementación rápida y medidas complementarias adecuadas. Respecto del primer aspecto, la resistencia del riesgo-país a bajar a niveles menos críticos ha sido mencionada como un obstáculo al canje. En relación con las segundas, las mismas deben proveer munición extra contra los determinantes críticos del elevado nivel de riesgo-país: la dinámica de la deuda, las elevadas necesidades brutas de financiamiento del sector público y la solvencia fiscal.

Acompañamiento

La respuesta correcta a estos desafíos consiste en acompañar el canje con una significativa reducción del gasto público que genere una disminución -adicional a la que se logre con el canje-en las necesidades brutas de financiamiento del sector público, con la implicancia de provocar simultáneamente una inflexión en la dinámica negativa de la deuda. Ello se traducirá en una baja notoria inmediata y sostenible del riesgo-país, que permitirá mejorar los términos financieros del canje y garantizar -a diferencia de la primera etapa del blindaje-la continuidad de sus efectos favorables.

El canje tiene como objetivo principal descomprimir la acumulación de vencimientos públicos del orden de u$s 20.000 millones anuales para reducir las necesidades financieras brutas anuales del sector público. Y recibiría una sustancial ayuda adicional en ese objetivo, si la Argentina disminuyera a través de un significativo recorte de gasto los requerimientos originados en el financiamiento del déficit, que agregan a esas necesidades u$s 10.000 millones anuales y llevan el total a u$s 30.000 millones anuales, en un contexto en que la emisión total de deuda emergente fue apenas superior a u$s 80.000 millones en 1999 y 2000.

Un recorte del gasto público primario consolidado de sólo 7% u 8% contribuiría a reducir las necesidades de financiamiento por un monto anual adicional semejante a la reducción que se espera del canje en los años inmediatos, con el corolario de asegurar y acelerar la eliminación del déficit fiscal a antes de 2005, generando una percepción inmediata de inflexión en la dinámica negativa de la deuda pública, que en los últimos años ha crecido a un ritmo anual del orden de u$s 11.000 millones y lo hace actualmente a un ritmo de u$s 10.000 millones. Todo ello se traduciría en una rápida disminución del nivel del riesgo-país del que parte la operación de canje.

El gasto público argentino es elevado, ineficiente y no financiable. Es también el responsable esencial del estancamiento económico y de la vulnerabilidad financiera externa. La baja del gasto deberá hacerse, por virtud o por necesidad, antes o después. Es conveniente hacerla antes, acompañando el canje de deuda que potencialmente podría alcanzar a una cuarta parte de la deuda en bonos, de modo de inducir una sensible baja del riesgo-país y facilitar la optimización de los términos financieros de la operación. Postergar la decisión de una significativa reducción del gasto público para después del canje habrá significado perder una oportunidad.

A toda empresa con necesidades financieras le conviene decidir y anunciar el redimensionamiento de sus gastos antes de acordar los términos de su endeudamiento, de modo de acceder a mejores tasas de interés.