La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) lanzó ayer el operativo más grande en años, con más de 100 allanamientos al detectar una evasión de más de 8 millones de pesos por el contrabando de facturas apócrifas. Unos 500 inspectores del organismo que dirige Alberto Abad, y 300 hombres de la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal fiscalizaron ayer diferentes empresas de los rubros comunicación celular, seguros, juegos de azar, recolección de residuos, cerveceras, servicios aeroportuarios, entretenimientos, concesionarias de peajes, fábrica de pilas y salud, entre otros; todas compañías implicadas en esta causa. Dos de los allanamientos se realizan en el Banco de Valores, en Sarmiento 310; y la radio «Rock & Pop».
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Las fuentes señalaron que los operativos están orientados a descubrir maniobras realizadas por un grupo de empresas de primer nivel, del rubro grandes contribuyentes (entre las 200.000 sociedades que más aportan en el sistema impositivo), que cometió defraudaciones contra el fisco adquiriendo a empresas «fantasmas» facturas por prestaciones de servicios, con las cuales descargaban IVA y, así, evadían una cantidad millonaria que debía ser tributada al Estado nacional.
En total, unas 15 empresas ficticias sin empleados y constituidas por testaferros insolventes o personas no localizables con domicilios falsos, habrían facturado estos servicios inexistentes a más de 90 empresas, algunas de primer nivel.
•Testaferros insolventes
Según surgió de la investigación, las empresas fantasmas facturaron servicios inexistentes a más de 90 empresas de telefonía celular, telefonía fija, fabricación de pilas, casinos y entretenimientos, radiodifusión, supermercados, bancos y financieras, 20 estudios jurídicos y contables.
Las empresas «usuarias» (las que hoy estarían siendo allanadas) que recibieron esas facturas falsas, las emplearon para abultar créditos fiscales y simular gastos y, de esta manera, al incorporar esas facturas apócrifas a sus respectivas contabilidades evadían IVA y Ganancias, señaló la AFIP. Las organizaciones delictivas dedicadas a crear las empresas falsas y «vender» las facturas ficticias, estarían integradas por contadores y abogados. En general las facturas se emitían bajo la suposición de la realización de servicios como asesoramiento económicos, publicidad, venta de maquinaria, construcciones y mejoramientos edilicios, imprentas y operaciones inmobiliarias. En todos los casos, el IVA se tomaba a cuenta de los pagos que luego se liquidaban al fisco. El allanamiento fue ordenado por el juez en lo Penal Económico número uno, Bernardo Vidal Durán, en relación con una denuncia formulada por la AFIP y la Unidad de Fiscales para la Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando.
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