Ya hace un mes que Monsanto Argentina dejó de vender semillas de soja en el país, en el que tenía una participación que rozaba 20% del mercado total ya que el negocio de este gigante internacional de la biotecnología se concentra en herbicidas (con su famoso glifosato Roundup) y semillas de maíz, sorgo, girasol y algodón. Pese a que la noticia ya era conocida en el país y en todo el mundo, su anuncio fue multiplicado por agencias internacionales como una señal de alarma: una megaempresa que vende soja deja uno de los principales países que la produce. La decisión de Monsanto es, en realidad, el disparador de un debate más profundo que se inicia en la Argentina: «la guerra de patentes de semillas», que lleva ya varios años, entre empresas inventoras de semillas y los productores agrícolas. Como inventores de tecnología las semilleras quieren cobrar regalías por cada bolsa vendida. Los productores argentinos, que en muchos cultivos tienen la chance de guardarse semilla para siembra, lo hacen y se resisten a pagar los royalties. En todo el mundo, el precio de la semilla paga un fee que permite a las empresas seguir investigando en nuevas variantes de un mismo producto.
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El productor que paga sigue avanzando con nuevos cultivos que generan más ganancias. En la Argentina, la misma Monsanto vende maíz transgénico resistente a insectos, y algodón transgénico resistente a herbicidas y a insectos. Estas mejoras genéticas permiten gastar menos en insumos y, generan mayores rendimientos. Muchos productores, en el marco de un contrato privado, pagan a las empresas proveedoras lo que hoy se llama «regalía extendida», un porcentaje extra que implica el pago por la tecnología. Todos los años acceden a las mejoras genéticas que tienen las semillas. En tanto, las entidades que representan a los productores pretenden imponer las denominadas «regalías globales», que implican un gravamen a la primera venta de semilla, un importe que pasaría a engrosar un fondo manejado por el Estado y por las entidades de productores (Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria, CRA y Coninagro) que repartiría el pago de las patentes de acuerdo con la investigación realizada y al volumen de venta de las empresas. Pero «la guerra de patentes de semillas» hubiese seguido en silencio si no hubiera intervenido la Secretaría de Agricultura y su remozado Instituto Nacional de Semillas. Es que en medio de ambas posturas surgió el Instituto Nacional de Semillas (que había sido eliminado durante el gobierno de Fernando de la Rúa) con un fuerte apoyo a la postura de los productores. Las conversaciones entre todos los sectores, sin acuerdo, están por ahora paralizadas aunque el proyecto de ley de regalías ingresaría al Congreso en sesiones ordinarias. La decisión de Monsanto volvió sobre el tapete denuncias de los semilleros sobre comercialización de semilla ilegal en el país -dicen que entre 50% y 60% de las semillas de soja en la Argentina se compran en el mercado negro-y comienza a imponer la idea de que esta medida de la mayor productora de tecnología agrícola podría generar un efecto dominó sobre otras. Aunque la decisión se haya tomado en la central de Monsanto en St. Louis, la situación evolucionó tomó un camino que sirve para presionar al gobierno a que defina un sistema de «pago de regalías» que las empresas consideren «más justo». De lo contrario, la Argentina seguirá alejándose de las nuevas tecnologías y en el país de la soja se estancará la producción agropecuaria.
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