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Montoya, en declaraciones radiales formuladas esta mañana, señaló que el gobierno "va a replantear nuevamente la estrategia de cobro de deudas hacia los 35.000 grandes contribuyentes de la provincia".
Agregó que el Gobierno le pedirá a la Justicia que "ejecute deudas con las cajas fuertes de viviendas, cuadros y elementos de riqueza".
El funcionario aclaró que "la sociedad y más aún, los pseudoespecialistas, tienen que saber comprender que sin afectar la subsistencia económica de las personas, todo ciudadano debe cumplir con sus obligaciones".
"Si no es así, el nefasto mensaje desde el Estado, será: haga lo que se le cante con nosotros, que respetaremos sus bienes y sus deudas", dijo el funcionario en declaraciones radiales.
Montoya señaló en ese sentido que pedirá "colaboración a los intendentes que cuenten con información valiosa para recuperar deudas".
Advirtió a los bancos que si se encuentra una cuenta bancaria o caja de seguridad vacía, y "en los últimos movimientos detectamos que tenía fondos o valores, vamos a denunciar penalmente al funcionario bancario por encubrimiento y entorpecimiento de la acción del Estado".
El funcionario admitió que puede pasar que cuando los bancos reciben un pedido judicial de embargo, le avisan al cliente para que retire sus bienes.
Montoya señaló que "en esos casos los organismos de seguridad del Gobierno provincial investigarán qué pasó, si vemos que se configura una situación de delito por parte del banco por haber impedido una orden judicial".
Advirtió que los bancos tienen que saber "que si le quieren hacer trampa al Gobierno de la provincia, esto también les traerá perjuicios".
Montoya explicó que los embargos de bienes muebles es un "mecanismo que se utiliza mucho" en el sector privado para el cobro de deudas. El funcionario dijo que el año anterior el Gobierno provincial lo utilizó en tres oportunidades y que este año "está previsto hacerlo en 21 casos".
Explicó que si la justicia ante una solicitud de Rentas "dispone embargar todos los bienes muebles que un contribuyente tiene en su domicilio, excluye absolutamente lo protegido por los códigos como efectos personales, una cama o un televisor".
"Sí se pueden incautar objetos de valor, televisores de plasma, obras de arte, esculturas o determinados muebles que sean de valor", añadió.
"No vamos a ir a buscar exclusivamente las cajas fuertes, pero si hay una caja fuerte en el interior del domicilio, puede ser embargada en la medida que no está declarado en ninguna ley que no es embargable", fundamentó el titular de Ingresos Públicos bonaerense.
El embargo de bienes se realizaría en forma paralela con la ofensiva que está realizando a nivel local y mediante la cual ya consiguió cerca de 217 bloqueos de cajas de seguridad pertenecientes a un universo de 35.000 grandes contribuyentes.
La Secretaría de Ingresos Públicos prepara la presentación de más de un centenar de pedidos de incautación de fondos en cuentas externas de los grandes aportantes al sistema.
Montoya admitió que se trata de "una operación mucho más compleja", pero remarcó que la intención de la cartera es "no dejar pasar los fondos" que saben que tienen los deudores en cuentas del extranjero.
En esta línea, el funcionario adelantó que ya cuenta con el visto bueno del Banco Central (BCRA) para avanzar con el plan, al igual que lo que está ocurriendo con el que afecta a las cajas de seguridad.
Asimismo, el titular de Ingresos Públicos afirmó que "es muy probable que en el corto plazo se reinicien operativos sorpresa en el predio de Buquebús y en la zona de la frontera con Uruguay".
Explicó que la idea es instalar varios puestos de Rentas que tendrán como finalidad el control de los vehículos y pasajeros que cruzan hacia ese país.
Montoya confirmó que "sobre más de 700 pedidos, ya se consiguieron cerca de 217 bloqueos de cajas de seguridad, pertenecientes siempre al universo de los 35.000 grandes contribuyentes" que adeudan individualmente más de 10.000 pesos por Ingresos Brutos.
El funcionario informó que producto de los operativos que se realizaron en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, ya se iniciaron más de 1.600 juicios a turistas de alto poder adquisitivo, "mediante un intercambio de información con la Dirección Nacional de Migraciones".
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