Probablemente hoy se escriba un nuevo capítulo en la tensa relación entre el gobierno y la petrolera Shell. Ante la decisión de la empresa de reducir su producción de combustibles en 50 por ciento debido a las restricciones que se le imponen para no exportar, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, podría analizar la situación y disponer una nueva embestida contra la petrolera.
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El viernes pasado, Shell decidió dejar de generar gasoil para el consumo interno, asegurando que esto era imprescindible ya que las instalaciones de su refinería de Dock Sud tenían que ser utilizadas para almacenar combustible que no puede ser exportado por la decisión del gobierno.
Así figura en la notificación, que lleva la firma del presidente de Shell Argentina, Juan Aranguren, donde se mencionan problemas para obtener la aprobación de los permisos de exportación» para sus productos refinados derivados de la producción de diésel, lo que colmó su capacidad de almacenamiento.
Con esta decisión, Shell desatendería una resolución de la Secretaría de Comercio Interior de fines de enero en la que se obligó a las refinerías a producir con su máximo de capacidad instalada, de manera de «mantener cubiertos los estándares de necesidad, a efectos de armonizar el crecimiento de los distintos factores de la producción». Ahora se espera una nueva reacción de Moreno contra la petrolera.
Ante esta situación, la presidenta de la Federación de Empresarios de Combustibles (FECRA), Rosario Sica, indicó:
«Esperemos que el gobierno tome las medidas a tiempo para levantar las restricciones», y advirtió que «si no se soluciona el inconveniente, se va a agravar la situación del mercado interno y va habrá desabastecimiento».
El gobierno, en un intento por mantener la escalada en los precios de los combustibles, había dictaminado restringir las exportaciones hasta que las petroleras bajen los valores internos.
Shell había sido la única que se resistía a acatar la medida, por lo que el gobierno abrió la venta al exterior para el resto de las compañías y no para la anglo-holandesa que, al final, accedió a bajar los precios en un promedio de 8 por ciento.
No obstante, reclama que aún no se encuentra habilitada para exportar y, de allí, la decisión de reducir la producción por falta de espacio para almacenar combustibles.
La relación entre el gobierno y Shell comenzó a tambalear durante el mandato de Néstor Kirchner, en marzo de 2005, cuando éste había llamado a un «boicot» para que la empresa baje los precios, además de clausurar una refinería por incumplimiento de normas ambientales.
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