Moyano vuelve a pedir ayuda: quiere $ 1.000 millones más
Hugo Moyano ya tiene prácticamente cerrado su acuerdo político con el gobierno de Cristina de Kirchner para los próximos cuatro años, que inaugurará mañana con su primera foto oficial. Además de ser la punta de lanza para el inicio de las paritarias, la suba del salario mínimo y los incrementos en las jubilaciones, conseguirá una promesa para el segundo semestre que lo catapultaría nuevamente a otro período al frente de la CGT. El gobierno está dispuesto a negociar algún plan de salvataje para que las obras sociales sindicales puedan pagar los casi $ 1.000 millones que deben a proveedores y por servicios públicos e impuestos provinciales y municipales, deuda que arrastran desde 2001. Sería algo similar a lo que ya consiguió el camionero con Néstor Kirchner, quien le permitió licuar otros $ 1.000 millones de deudas impositivas y previsionales que las obras sociales tenían con el Estado y que ahora pagarán en 15 años con un interés de 6% anual cuando la inflación real ( según los propios gremios) supera 15%. Con esto, más la negativa para que se institucionalice la CTA en este período, el gremialista tendría asegurado el apoyo para seguir siendo el conductor de la central obrera.
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Hugo Moyano
En la mayoría de los casos, se trata de deudas que se acumularon entre 2001 y 2006. Luego de ese año, aseguran los gremios, la mayoría de las obras sociales comenzó a operar con equilibrios económicos, pero eliminando los montos adeudados.
Lo que comenzarían a negociar el gobierno y los sindicatos, es un arqueo de esas deudas y, una vez que esté consolidado el número, implementar un plan. Si bien aún no hay planes serios en preparación, las posibilidades que maneja el gobierno sería dividir el costo con un aporte desde el Tesoro nacional y un crédito con algún organismo internacional.
Esta última idea no es nueva. En el 96 el Banco Mundial, durante el gobierno de Carlos Menem y bajo la consigna de ayudar por última vez a las obras sociales, autorizó el otorgamiento de un crédito por u$s 285 millones y que terminó en una denuncia (del entonces fiscal Carlos Stornelli que actualmente lleva adelante el juez Norberto Oyarbide) a unos 120 popes sindicales que recibieron ese monto y que junto con ex funcionarios y empresarios de la salud están siendo investigados por irregularidades en la administración del mismo. En esa causa, entre otros, fue investigado el titular de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez.
En los últimos días de 2007, mientras aún gobernaba Néstor Kirchner, se aprobó y reglamentó una moratoria por la cual las obras sociales sindicales pueden pagar sus deudas previsionales e impositivas, en un plazo de 15 años y con un interés de 6% anual, ventajas que no tiene ningún otro agente de la economía local. Este esquema fue negociado por Kirchner durante tres años, y formaba parte de las clásicas conversaciones entre Moyano y el ex presidente por la cual la CGT se mantenía cercana al gobierno. Desde las huestes de Moyano aseguran que para los $ 1.000 millones que necesitan no deberán esperar esos tres años nuevamente.
El encuentro de mañana será a las 18 y, de acuerdo con lo que previsto, los representantes de la CGT le entregarán a Cristina de Kirchner un documento con reclamos. Además de Moyano entrarían nuevamente en la Casa Rosada el vicepresidente de la CGT, José Luis Lingieri, el judicial Julio Piumato y el taxista Omar Viviani. Habría además una figura invitada: Gerardo Martínez, que recibiría así un indulto mixto: del gobierno y del moyanismo, luego de haberse inmolado hace un mes cortando las calles de la Ciudad de Buenos Aires como estrategia para presidir la CGT.




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