La deuda que el Gobierno nacional tiene con las provincias en concepto de coparticipación federal de impuestos asciende a la suma 524 millones de pesos y no se vislumbra que en el corto plazo pueda ser saldada, aseguraron hoy fuentes gubernamentales.
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La cifra, que supera inclusive en 4 millones de pesos a la que reclaman en público los gobernadores provinciales, corresponden a saldos parciales de los meses de julio, agosto y setiembre y forman parte de montos comprendidos en los régimenes automáticos de coparticipación de impuestos, Fonavi y otros fondos.
"Esto se soluciona cuando haya plata, no hay otro misterio. No se está pagando no por una decisión política, sino porque no hay plata", aseguró la fuente. La deuda que reconoce el Gobierno nacional está compuesta por 64 millones de pesos correspondientes a julio; 104 millones de agosto y 325 millones de setiembre.
La fuente reconoció que la recaudación de octubre "no viene bien", hecho que afectaría nuevamente el total de los fondos destinados a las provincias. En las últimas semanas, los gobernadores, aglutinados bajo la figura del Consejo Federal de Inversiones (CFI), intimaron al Gobierno nacional a cumplir con los montos acordados en el Compromiso Federal firmado en diciembre de 1999, días antes de que Fernando de la Rúa asumiera la presidencia.
En esa oportunidad, la Nación se comprometió a garantizar un piso de 1.364 millones de pesos mensuales a las provincias para el 2001, a cambio de una serie de modificaciones tributarias, ante la creencia de que la recaudación iba a mejorar en el corto plazo.
En el 2000, sin bien la economía nunca llegó a manifestar síntomas creíbles de recuperación, el acceso al crédito internacional no estaba restringido y la recaudación, moratoria mediante, permitía cumplir el compromiso asumido por la Nación sin grandes apremios.
El 2001, más allá de la bonanza de un enero influenciado por la algarabía del blindaje financiero firmado con el FMI en los últimos días de diciembre, ya marcó otro rumbo. "Hoy la única forma de cumplir con la diferencia sería a través de la búsqueda de financiación, vía impensable con un nivel de riesgo país que bordea los 1.700 puntos básicos", aseguraron los voceros gubernamentales.
El problema con las provincias se profundizó a partir de la sanción de la ley de déficit cero en julio pasado, y mucho más luego del acuerdo alcanzado en agosto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el que la Nación se comprometió a efectuar un recorte de 900 millones de pesos en los fondos destinados a los distritos hasta fines de 2001.
De mantenerse la merma operada en setiembre en los fondos destinados a las provincias, el compromiso asumido con el FMI sería superado con creces, debido a que podría llegar a superar los 1.200 millones de pesos. Las fuentes gubernamentales consultadas evitaron pronunciarse sobre las alternativas que barajaría el Gobierno para destrabar la relación con las provincias, aunque admitieron que las Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP), puestas en circulación ayer por el Banco Nación, podrían servir para superar el cortocicuito.
Los documentos reemplazarán a los bonos provinciales de aquellas que adhieran a este plan de saneamiento. Según las fuentes, hasta el momento han adherido a este programa 13 provincias, aunque su distribución se efectivizó sólo en Jujuy. Otro de los estados que recibirían LECOPS en el corto plazo sería Formosa, aseguraron los voceros.
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