No tratará el Congreso proyectos laborales que no sean iniciativa del propio gobierno

Es una manera positiva de limitar el enloquecimiento sindical que vía las presiones de los Moyano, padre e hijo, y de su delegado Héctor Recalde en la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados, ha llevado a niveles insostenibles el costo de producir en la Argentina. Esto no sólo es inflacionario sino que, además, tales costos y la falta de seguridad jurídica son los mayores obstáculos a inversiones externas en el país.

Héctor Méndez

El gobierno decidió ayer congelar, por el momento, las leyes laborales que iban a ser tratadas esta semana en el Congreso, impulsadas por la CGT de Hugo Moyano. «Avanzar con prudencia» fue la nueva directiva emitida desde la Casa Rosada para evitar tensar la ya dificultosa relación con los empresarios.

Aunque desde el oficialismo admiten la necesidad de hacerle correcciones a la legislación laboral, el kirchnerismo quiere manejar con precaución el tema para no agudizar los conflictos con los empresarios.

El giro del gobierno -que había comenzado a analizarse en los últimos días- se confirmó tras la reunión del lunes por la noche en la Casa de Gobierno con el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez; el presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Luis Pagani; y el supermercadista Alfredo Coto, entre otros.

La reunión con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, se concretó con el mismo sector empresarial con el que se negociaron los acuerdos de precios, aunque desde el oficialismo niegan la posibilidad de que este parate a las reformas laborales se trate de un «trueque» por los precios de referencia fijados por los supermercadistas y otros sectores.

Asistentes

En el encuentro con Fernández también estuvieron el presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Alberto Alvarez Gaiani; y el director de Asuntos Laborales de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Transporte de Autocargas (Fadeeac), Lucio Zemborain. Todos expresaron la necesidad de frenar lo que ellos consideran una embestida por desmontar la flexibilización laboral de la década pasada, que impulsa el titular de la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara baja y principal asesor de la CGT, Héctor Recalde.

En concreto, los empresarios se referían al proyecto -con dictamen de comisión- de eliminación de los topes indemnizatorios por despido sin causa, que modifica el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Algunos de los efectos temidos serían una mayor rigidez en el ingreso al mercado laboral. El proyecto del asesor jurídico de Hugo Moyano respondía a un reclamo de los sectores sindicales oficialistas que ya le habían arrancado a Néstor Kirchner 18% para los camioneros, otro tanto para los encargados de edificios -principal enclave gremial de apoyo a Alberto Fernández- y hasta la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.

En la reunión de Casa Rosada participaron Recalde, el jefe del bloque de diputados K, Agustín Rossi; y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. En ese encuentro se acordó que los empresarios fueran recibidos por la Comisión de Legislación Laboral que preside Recalde y que den su opinión sobre los proyectos que analizará el Parlamento.

En la reunión del lunes se pudo palpar la agitación que provocó entre los empresarios la publicación en el Boletín Oficial de la norma que modificó el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, que impide que el empleador cambie unilateralmente las condiciones de trabajo.

En cuanto a los cambios en la Ley Pyme se archivó, por el momento, la eliminación del Título III -régimen laboral- de la ley especial para las pequeñas y medianas empresas que se votó en 1995 y se terminó de reglamentar (en cuanto a los beneficios laborales) con un decreto de Carlos Menem en 1999.