Un grupo de 28 ahorristas argentinos presentará hoy una demanda colectiva contra la Argentina ante los tribunales de NuevaYork. La causa es el default de 21 meses que ya acumula el gobierno sobre la deuda pública, tras la cesación de pagos declarada a fines de diciembre de 2001.
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El monto total de deuda en poder de los demandantes asciende a u$s 7,99 millones y se suma a las demandas presentadas en meses anteriores por otros 60 ahorristas argentinos, por montos cercanos a los u$s 20 millones. Esta nueva causa es Mazzini, Jorge vs. la República Argentina.
Además, los juzgados neoyorquinos ya recibieron otras demandas de fondos internacionales. La más resonante fue la del inversor Kenneth Dart, del fondo de inversión EM Limited, que presentó la demanda más grande contra la Argentina por un monto de $ 708 millones.
En este último caso, el juez de Nueva York que entiende en la causa, Thomas Griesa, falló en contra de la Argentina. Pero dio 45 días de gracia (que se estarían cumpliendo en menos de dos semanas) para que la Argentina presente una propuesta concreta para la reestructuración de su deuda. Ante este marco, el Ministeriode Economía aceleró la preselección de bancos internacionales que colocarán los nuevos títulos, cuyas designaciones se conocerán a mediados de noviembre.
Los abogados que representan a los acreedores locales que inician la demanda aseguraron que sus defendidos « están actuando frente a lo que consideran una confiscación. Quitas de 75% del capital, más el desconocimiento de 100% de los intereses desde el default».
Los demandantes, en su mayoría, son miembros de la Asociación de Damnificados por la Pesificación y el Default. El coordinador del grupo, Pierino Garrafa, señaló que el ministro de Economía, Roberto Lavagna, llevó adelante «maniobras groseras contra los ahorristas argentinos», agregando que piensa «financiar su festival de bonos con los fondos de las AFJP, ya que usaría 50% de los aportes de aquí a 2018 para la compra de nuevos títulos públicos».
Uno de los mayores desafíos que tiene por delante el gobierno es cómo avanzar con la renegociación de la deuda mientras aumenta el número de inversores dispuestos a enjuiciar al Estado por la prolongación de la cesación de pagos.
