12 de agosto 2003 - 00:00

Nuevo frente judicial por los préstamos garantizados

Se abre otro frente de conflicto para el gobierno. Tal como sucedió con los ahorristas atrapados en el «corralón», los aportantes de las AFJP se están agrupando y se estudia iniciar acciones conjuntas de inconstitucionalidad al Decreto 530, que establece la devolución de los títulos públicos que los inversores canjearon por préstamos garantizados en dólares y que luego no aceptaron la pesificación. Las AFJP son las principales damnificadas, pero también miles de ahorristas pequeños y medianos que habían aceptado canjear sus títulos en dólares por préstamos garantizados.

La primera asamblea de los damnificados se hará el jueves en Sarmiento al 1800, la sede de un sindicato, para después presentar ante la Cámara Contencioso Administrativa la declaración de inconstitucionalidad del decreto.

Uno de los puntos más vulnerables del decreto -sostienen los abogados- es que es discriminatorio, ya que les permite a bancos que no aceptaron pesificar el préstamo garantizado canjearlo por BODEN (son en dólares y vencen en 2012 y 2013), mientras que las AFJP les vedan esa posibilidad.

La Caja de Valores es una parte involucrada en la polémica. Como custodio de los títulos entregados por los ahorristas en el canje de noviembre de 2001, debe ser quien devuelva los papeles originales a los tenedores. Sin embargo, ayer, durante todo el día, analizaron si corresponde o no proceder como indica el Decreto 530, ante la posibilidad de que se trate de un pedido directamente «inconstitucional» el efectuado por la Secretaría de Finanzas.

Por su parte, el titular de la Unión de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (UAFJP), Carlos Peguet, ratificó ayer que quiere mantener los préstamos garantizados, y en todo caso extender los plazos de amortización y tasas de interés. Es decir, el BODEN solucionaría esta situación.

• Decreto

El gobierno nacional difundió el viernes pasado el Decreto 530, que establece la devolución de los títulos públicos que los inversores canjearon por préstamos garantizados en dólares y que luego no aceptaron la pesificación.

Los mayores tenedores de préstamos garantizados son las AFJP, que, según dijo Peguet a la agencia «Télam», «hasta el momento, no recibieron notificación alguna por parte de la Caja de Valores sobre la devolución de los títulos públicos originales».

Peguet reseñó que las AFJP «ya hicieron una reestructuración de la deuda con los préstamos garantizados» y que, hasta el momento, la posición del sector es en todo caso «hablar de distintos plazos y tasas».

En tal sentido, Peguet consideró que «el gobierno actúa como si ese contrato no existiera» y con el argumento de que, ante una situación de crisis, «todos tienen que aportar». El titular de la UAFJP afirmó que, por las características del sistema previsional, que implican inversiones a largo plazo, las administradoras prefieren mantener los préstamos garantizados del canje de deuda pública efectuado en 2001.

Ratificó que la posición histórica del sector es «no pedir los bonos de la deuda (originales) ni aceptar la pesificación», y mencionó que en la UAFJP no se discutieron hasta el momento eventuales cambios de estrategia.

En este momento, en la Argentina hay 1,3 trabajador activo por cada jubilado. Para sostener el sistema estatal, se necesitarían 3 trabajadores por jubilado, con lo que el déficit de las cajas estatales sería de 70%, si se eliminara el sistema de jubilación privada.

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