El próximo presidente deberá debutar ante el Congreso pidiéndoles a los legisladores que sancionen el proyecto que otorga inmunidad penal a los directores del Banco Central. Será la primera exigencia del FMI -ya se reconoce ampliamente-dentro de los temas pendientes, y tendrá un doble sentido. A Eduardo Duhalde, el Fondo quiso probarlo en su manejo del Congreso -antes de continuar con las negociaciones para un acuerdo-exigiéndole la votación de la derogación de la ley de «subversión económica». Era la «prueba de amor» para saber si estaban hablando con un mandatario que podía conseguir leyes vitales. Nunca quedó en claro, incluso, la utilidad de esa votación.
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La inmunidad penal para el Banco Central tendrá el mismo efecto testeo, pero además será una exigencia imprescindible para comenzar con uno de los trabajos más duros del nuevo gobierno: la reestructuración de bancos.
Es claro que el Congreso será uno de los puntos débiles del próximo gobierno, gane quien gane el ballottage. La fragmentación que hoy sufren las Cámaras puede no cambiar el próximo 10 de diciembre, cuando se renueven las bancas. Esa fecha no garantiza que el PJ pueda unificar su bloque detrás de quien sea presidente, ni que consiga más bancas propias. Tampoco que los resultados de la primera vuelta no puedan volver a repetirse con similitud en la elección legislativa. Inclusive algunos partidos de izquierda que casi no movieron el marcador en la elección presidencial, pueden aspirar a una banca.
•Sin claridad
A pesar de la supuesta mayoría del duhaldismo en Diputados, el Congreso no fue claro en la definición de algunos de los temas más importantes que le pidió Duhalde y, en general, optó por no sancionar los de alto costo político o los que de alguna manera eran sospechados de beneficiar a algún sector de la economía en particular. Cuando lo hizo, el Parlamento introdujo modificaciones a la redacción original. Debe reconocerse que el actual presidente nunca tuvo operadores efectivos en el Parlamento. Como anécdota basta el debate por el Impuesto a los Combustibles: sólo el delegado del FMI en Buenos Aires llamó por teléfono al Senado para saber cómo andaba la votación. El gobierno apareció cuando el proyecto estaba casi muerto.
Fue claro en el último año y medio que los legisladores no le evitaron al gobierno disgustos con la votación de proyectos demagógicos, como lo hicieron la semana pasada cuando convirtieron en ley una nueva prórroga de ejecuciones hipotecarias, sabiendo que está en primer lugar dentro de las contraindicaciones del FMI para conseguir un acuerdo.
La pregunta entonces vuelve a ser: ¿algunos de estos temas pendientes será agenda del próximo gobierno? Es claro que la situación cambia de acuerdo a quien sea el ganador, pero los puntos que fueron pedidos por el FMI con seguridad serán mantenidos.
Los ejemplos abundan: la modificación al Impuesto a los Combustibles terminó con dictamen en el Senado y sin convertirse en ley. Ese proyecto ahora, podría caer en el olvido. El FMI no debería insistir ahora con la votación ya que la perspectiva internacional es hoy de un mercado con una progresiva baja del precio del crudo. Por lo tanto, el gobierno promovió una ley para imponer el uso de GNC en el transporte de pasajeros, pero nunca apareció tiempo en las sesiones para tratarlo. También se le negó a Duhalde la polémica protección a las empresas productoras de bienes culturales, ni alguna solución para las empresas que no pueden ajustar sus balances por inflación, ni la emisión del bono para compensar a los bancos por las diferencias en la pesificación y la aplicación del CER, ni la ya mencionada modificación a la Ley de Entidades Financieras.
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