Nuevo superintendente de Seguros debe reactivar sector paralizado

Claudio Moroni será el nuevo superintendente de Seguros. Su designación oficial se concretará en las próximas horas y deberá poner en marcha un sector que hoy está paralizado. Aunque funcionan, las compañías de seguros tienen congelada la mayor parte de sus recursos para afrontar los siniestros, más allá del dinero que recaudan mensualmente con la cobranza de las pólizas.

Sobre un total de 8.000 millones de dólares en inversiones, más de 90% de los fondos no sirve para pagar los reclamos y las sentencias judiciales porque:

• 4.200 millones están en títulos públicos argentinos que, como se sabe, están en default.

• 2.400 millones están en plazos fijos, que están «acorralados» como todos los demás plazos fijos de la Argentina.

• 540 millones están en fondos comunes de inversión que, a consecuencia del «corralito» y del default, no pueden ser rescatados.

• 150 millones están en obligaciones negociables de empresas, gran parte de las cuales podrían ser canjeadas por acciones sin cotización en los próximos meses, debido a las modificaciones en la Ley de Quiebras.

Moroni ocupó el cargo de superintendente durante la administración de Carlos Menem. Es un técnico que manejó con mano dura el sector, cuando lo obligó a capitalizarse al introducir las normas de Basilea para el cálculo de capitales.

El problema es que ahora las cosas son distintas. Los capitales mínimos quedaron pulverizados por la abrupta caída en los precios de los títulos públicos argentinos y por la indisponibilidad de la mayoría de las inversiones permitidas al sector.

Por esa razón se especula que Economía deberá dar marcha atrás en las exigencias, con artilugios tales como permitir el cómputo a valor técnico de todos los títulos de la deuda pública nacional y provincial, o eliminar una serie de índices de solvencia que eran exigidos para que las compañías puedan operar.

• Embargos

El funcionario asumirá prácticamente junto con la finalización de la feria judicial de enero, cuando comiencen a llover sobre el sector nuevos embargos preventivos sobre los plazos fijos. Cuando ocurra eso, las compañías deberían dejar de computar esos bienes como parte de sus activos, y están obligadas a integrar más capital. El problema es que nadie en el sector está dispuesto a poner un peso más en una actividad cuya viabilidad en el corto plazo está cuestionada y porque las restricciones sobre los plazos fijos y sobre los títulos públicos afectan también a los accionistas de las aseguradoras.

El otro problema es la cobertura mínima que están obligadas las compañías a brindar a los automovilistas, fijadas en 3 millones de dólares. Era mucha plata antes de la devaluación, y mucho más después, aun cuando Moroni decida que los contratos en dólares se pesifiquen a 1,40 peso, tal como es el criterio general adoptado por Economía. En la Secretaría de Bancos y Seguros se estudia la posibilidad de reducir esa cobertura a un millón de pesos, pero todavía no hay una decisión tomada.

Un capítulo especial son las compañías de seguros de vida y de retiro, cuyos accionistas quieren que les mantengan el «corralito», para evitar que sus clientes les rescaten inmediatamente todos los fondos. Son empresas que llevan invertidos más de 700 millones de dólares en el país (470 millones las de vida y 240 las de retiro) cuyo futuro, con la pesificación, aparece en un cono de sombras. En tal sentido, en el sector vuelve a replantearse la posibilidad de que los contratos de este tipo se realicen offshore, tal como ocurría cuando el peso era inconvertible.

• Reaseguros

Lo que sí es claro es que el «corralito» genera intereses encontrados dentro del sector: por un lado, las empresas patrimoniales no pueden funcionar si no se les liberan los fondos, y las aseguradoras de vida y de retiro tampoco pueden hacerlo si se las exceptúa del «corralito».

Al margen de eso, el problema mayúsculo es la orfandad de normas del sector para contratar reaseguros en el exterior. Como se sabe, todos los reaseguros del país se contratan de las fronteras hacia fuera. El organismo que evitaba la salida de divisas en los tiempos del control de cambios (es decir el INDeR, que era el reasegurador monopólico del Estado) está desmembrado, en proceso de liquidación y con graves dificultades para cumplir los compromisos asumidos antes de 1994. Sin reaseguro, en ninguna parte del mundo la actividad asegura-dora puede funcionar. Pero, además, hay dificultades para satisfacer las obligaciones que tomaron los aseguradores antes de la devaluación, ya que el Banco Central no autoriza las remesas de divisas. Por esa razón ya hay empresas que les suspendieron los reaseguros por haber incumplido con los pagos, pese a lo cual comenzarán a lloverles las sentencias judiciales a partir del próximo viernes.