Obligan a bajar luz en Bs. As.

Las distribuidoras de energía de la provincia de Buenos Aires: Eden, Edes, Edea y unas 200 cooperativas que prestan el servicio en el interior del territorio provincial están obligadas a partir de ayer a cobrar una tarifa 50% más barata a los sectores de escasos recursos.

El gobierno de Felipe Solá informó que reglamentó la Ley 12.698 que establece una «tarifa eléctrica de interés social» y que el decreto fija la obligatoriedad de aplicarla, mientras hasta ahora quedaba a criterio de cada empresa.

Los beneficiados son los que se encuentren imposibilitados de mantener el servicio y cuyo consumo no exceda los 150 kilovatios por mes. Según el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia, quedarían incluidas las personas que se encuentran en situación de indigencia, desocupados, jubilados o pensionados que no superen el haber mínimo, titulares de programas graciables y del programa de inclusión social para jefes de familia.

De acuerdo con la misma fuente, el precio final de un consumo de 150 kilovatios es actualmente de 28,71 pesos, pero al reducirse 40% el valor del kw, rebajarse impuestos provinciales y municipales, la tarifa final pasaría a ser de 14,06 pesos.

•Diferencias

Las empresas afectadas por el decreto no adelantaron opinión porque no fueron notificadas y la norma no fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia que hace diez días que no se publica por una huelga.

De todas formas, hay dos situaciones distintas. Edea, la empresa que atiende a la zona atlántica de Buenos Aires, está controlada por una sociedad constituida en 55 por ciento por Camuzzi y 45 por ciento por la inglesa United Utilities. Según voceros de Edea, esta empresa ya está aplicando la tarifa social y creen que no habrá cambios con respecto a lo que ya están haciendo.

Eden y Edes, que atienden al norte y al sur de la provincia, están controladas por la norteamericana AES, y hasta el momento no aplicaban tarifa social. Esta compañía había propuesto que para aliviar las dificultades de los usuarios debía bajar la carga impositiva que oscila entre 35% y 64% según las localidades porque en algunos casos se incluye el pago del alumbrado público. También habían prometido atender «caso por caso» las situaciones de no pago y facturar mensualmente para que el usuario tuviera más posibilidad de pago.

La medida no afecta a Edenor, Edesur y Edelap porque estas empresas por ser sucesoras de SEGBA están bajo jurisdicción nacional, y no las alcanza la legislación provincial. No obstante, la tarifa social obligatoria crea más inquietud en todas las empresas privatizadas porque si bien se reconoce la incapacidad de pago de numerosos usuarios, se afirma que las empresas no pueden tener «más recortes sobre la caja que en este momento es la única fuente de ingresos».

Para las compañías en general, la solución debería pasar por una baja de impuestos dirigida a los usuarios de escasos recursos. Voceros de Edenor dijeron que hicieron una propuesta de ese tipo, que incluye también la facturación mensual, y el estudio caso por caso, a la comisión renegociadora de los contratos de concesión.

Hay alguna presunción de que la decisión del gobierno bonaerense podría derivar en la salida de AES del país. Esta empresa que, como todas las demás, tiene las tarifas pesificadas y congeladas, ayer se retiró de una subasta de empresas eléctricas en Perú.

En ese caso también se retiró otra norteamericana, Duke Energy, argumentando «falta de credibilidad» de los organismos reguladores de tarifas del Perú, pero en ese país se afirma que la retirada de AES se relaciona también con la situación financiera de la empresa en EE.UU., cuya acción fue arrastrada por el proceso de quiebra de Enron.

En nuestro país, voceros de la empresa afirmaron que «no están pensando en irse» porque invirtieron 158 millones de dólares desde que están en el país, y pagaron 565 millones de dólares por Eden y Edes y 350 millones por Edelap. Sin embargo, de alguna manera condicionaron la permanencia del país a que se adecue el contrato de concesión.