Esta semana el gobierno terminará de definir la reglamentación de la desregulación de obras sociales que regirá desde el 1 de enero. La discusión central estará en la cláusula que regula la situación de quienes acceden al primer empleo. Hasta ahora giraba en si los nuevos empleados deben radicarse por un año en una obra social y luego ejercer el derecho de opción, como sostienen los sindicalistas y hasta Héctor Lombardo, ministro de Salud, o derivar su aporte desde el comienzo a la entidad de su elección, como cree el equipo económico.
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Todo indica que la solución quedará en un intermedio. Pablo Gerchunoff aceptaría final-mente que los nuevos trabajadores ingresen a la obra social del gremio por un tiempo inicial que coincidirá con el período de prueba. A partir de ese momento el empleado puede elegir la cobertura.
Para los sindicalistas, aunque ahora acotado, ese tiempo en la obra sindical no es un tema menor. Por el contrario, se ha convertido en la pelea más fuerte de esta última etapa antes de la desregulación. El empleado nuevo que ingrese a la obra social, con la garantía extra de hacerlo al mismo tiempo con el examen de salud de rigor que realizan las empresas a sus nuevos empleados, tendrá un plazo seguro de uso mínimo de los servicios médicos. Mientras tanto, los sindicalistas se aseguran, además, la posibilidad de afiliación al gremio. Luego, para realizar el cambio de cobertura el empleado deberá hacer el trámite, lo que de por sí aumentará la permanencia en la obra social inicial. En este punto, aunque reduciendo el tiempo de permanencia inicial, Economía estaría perdiendo la partida.
Es que esos adherentes son el cliente ideal que cualquier sistema de salud quiere, con aportes asegurados y gasto mínimo de cobertura. Mucho más en épocas con alto desempleo y problemas de cobranza con las empresas. Límite
Mientras tanto, hay otros aspectos de la desregulación que ya fueron confirmados por Lombardo y Rubén Cano, superintendente de Salud:
* Habrá un límite a la desregulación fijado por un tope de 20% para el incremento del padrón de afiliados de cada prestadora.
* Existirá un período de 9 meses obligatorio que deberán permanecer los trabajadores antes de cambiar de obra social o empresa prepaga que decida sumarse al nuevo sistema, con el límite de un cambio por año.
* Habrá un régimen de preexistencias. Será para evitar que los sindicatos convencieran a los afiliados más caros, es decir con malas historias clínicas y atención de alta complejidad, a que opten por empresas privadas. Así, cuando un beneficiario tuviera una enfermedad declarada y decide cambiar de cobertura médica, la obra social de origen deberá pagar el tratamiento de esa enfermedad durante un año a la de destino. Todo el cálculo se hará mediante un nomenclador actualizado.
Existirá también un fondo para compensar moras en el pago de aportes. Ese fondo estará constituido con la recaudación de 10,5% de IVA que se aplicará sobre los planes de salud que superen en prestaciones y costo al Programa Médico Obligatorio.
* Queda por definir también la igualdad tributaria entre las obras sociales y los prestadores privados. Las coberturas sindicales no pagan Impuesto a las Ganancias ni Ingresos Brutos, como sí lo hacen las prepagas. Pero para cambiar esto haría falta una ley que modifique cada uno de los impuestos, en el caso de Ingresos Brutos sería cada Legislatura local. Por lo tanto, se mantendría la diferencia a favor de las gremiales.
