Amenos de una semana del derrocamiento del presidente Arturo Illia, la dictadura de Juan Carlos Onganía en su afán recaudador intentó eliminar la exención impositiva a los reintegros a las exportaciones, aplicándola en forma retroactiva. Pero la avalancha de amparos fue tal que el gobierno tuvo que dar marcha atrás porque fue indefendible poner un impuesto a la devolución de un tributo.
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Ocurrirá algo similar con la Comunicación 1.064 de la Jefatura de Gabinete por la cual impulsan un proyecto de ley para sacar la exención impositiva a los reintegros a la exportación.
Los exportadores dicen que el gobierno recaudaría unos 100 millones de pesos, que tienen el atractivo, para los legisladores, que serán coparticipables, lo que asegura el voto del Congreso.
Es más, ya la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados aprobó el trámite parlamentario que le da vía libre para ir al recinto.
De sancionarse la ley, serán afectadas las exportaciones de manufacturas industriales (MOI) y algunas del origen agropecuario (MOA). Por ejemplo, las ventas externas de automotores, bienes de capital, maquinarias y equipos eléctricos, manufacturas de madera y de aluminio.
Los actuales porcentajes de reintegros de estas exportaciones van desde cinco por ciento (como máximo), en el caso de los bienes de capital, hasta uno por ciento.
Las únicas que quedarían excluidas son aquellas que se canalizan por los puertos patagónicos.
Huelga señalar que la iniciativa ya se ganó la resistencia de todo el espectro productivo porque consideran un parche negativo a la política exportadora.
En ese sentido, los exportadores advierten que se está gestando otro foco de deuda flotante no registrada precisamente de la mano de los reintegros no pagados. Porque el gobierno, al haber introducido el requisito de liquidar las divisas antes, para acceder al cobro de los reintegros, creó un descalce. Con el resultado de que, por ejemplo, deben liquidar las divisas a los 120 días y recién los reintegros están 90 días después, en el mejor de los casos. J.G.H.
