Se publicó ayer la Resolución 1.338 de la Secretaría de Energía, cuyo contenido ya había trascendido, por la cual se obliga a las petroleras a pedir autorización antes de exportar naftas, fueloil y sus mezclas, diéseloil, aerokerosene o jetfuel, lubricantes, asfaltos, coke y derivados para uso petroquímico.
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Si bien en medios empresarios se interpretó que la medida era una nueva represalia oficial contra Shell, en los considerandos de la norma se hace explícita referencia a las estaciones de servicio independientes o blancas, no incorporadas a las redes de las petroleras.
Según la resolución, «se han registrado denuncias y presentaciones relativas a la falta de abastecimiento de naftas y limitaciones en la entrega de combustibles, principalmente en el sector de las estaciones independientes, denominadas de bandera blanca».
La norma indicó que «en el mercado de generación eléctricatambién se han verificadosituaciones de faltante de fueloil y diéseloil, al resultar escasas las cantidades de dichos productos en el mercado interno».
También destacó que «concomitantemente con la situación descripta, se están produciendo exportaciones de fueloil y diéseloil en volúmenes que afectan su disponibilidad en el mercado interno».
Intromisión
Según la opinión empresaria, la medida «es una nueva intromisión en las decisiones de las compañías». Se advierte, además, que el gobierno pretende que las estaciones blancas puedan seguir comercializando (aunque resulte muy difícil que consigan gasoil), para que no caigan rápidamente en una situación de quebranto.
A las petroleras les conviene más exportar a precios internacionales que vender nafta a las blancas a precio regulado. Pero estas últimas, sin combustibles para vender, están perdiendo la razón del negocio y corren el riesgo de desaparecer. Son alrededor de 1.500 pymes en todo el país que dejarían por lo menos a unas 3.000 personas desocupadas.
