Paga el Estado por estatizar astillero que antes privatizó

El astillero Tandanor, que vuelve a manos del Estado tras una privatización fallida, es otra maraña de problemas para el gobierno. Hace falta una ley para pagarles a los privados que no cumplieron con la concesión.

En un año signado por la elección presidencial, los grandes anuncios formarán parte del discurso de Néstor Kirchner. El crecimiento de la industria naval es uno de ellos. Se prepara la vuelta al patrimonio del Estado de una ex joya privatizada: el astillero Tandanor SA.

Nilda Garré tiene la responsabilidad política del proceso, ya se había presentado como querellante en la causa penal contra Erman González, ex ministro de Defensa, quien fue procesado por presunta defraudación al fisco en la fallida privatización de Tandanor.

En su discurso en el Colegio Militar durante la ceremonia de egreso de los nuevos oficiales de las FF.AA., Kirchner anunció que «esperamos incorporar el astillero Tandanor al ámbito estatal luego de su fraudulento proceso de privatización». Fue la orden política que recibieron sin intermediarios tanto Alberto Balestrini, presidente de la Cámara de Diputados como la propia dueña de casa, la ministra de Defensa, en el palco del Patio de Honor del Colegio Militar. La transferencia del astillero al Estado requiere de una ley y Balestrini ya dejó pasar dos proyectos que perdieron estado legislativo; fueron promovidos por Eduardo Camaño, su antecesor en la Cámara. Claro que ahora Camaño forma el sector El General, de peronismo opositor al kirchnerismo, luego Balestrini deberá retocar la letra del nuevo proyecto para que parezca surgido del riñón de Kirchner.

Raúl Garré, jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, también tiene un papel protagónico en el armado, ya habló con la titular de la Comisión de Defensa de la Cámara alta, senadora Marita Perceval, y con los senadores Miguel Angel Pichetto, Carlos Rossi y Sonia Escudero. Hasta se jugó al almirante Jorge Godoy, titular de la Armada, quien ofreció un tour al astillero Domecq García lindante con Tandanor para promover la creación de un polo de industria naval integrando ambas instalaciones al Astillero Río Santiago (ARS) ubicado en Ensenada, provincia de Buenos Aires.

Después del anuncio, los trabajadores del astillero enviaron una carta a la Casa Rosada en la que manifestaron su « apoyo» a la medida del Presidente pero con una condición: «que los obreros sean los actores principales de esa meta». Si no fuera porque la misiva estaba firmada por el gremio naval del astillero, se reconocería en la letra el lobby de un «obrero jerarquizado»: Claudio González, presidente actual del directorio de Tandanor. El juzgado comercial a cargo de la quiebra de Tandanor decidió en 1999 poner la empresa en manos del personal del astillero hasta tanto se concretara su readjudicación. Los dos llamados efectuados entre 2000 y 2001 resultaron desiertos; la empresa siguió por inercia en manos de sus trabajadores. El único flanco débil de la recuperación de Tandanor por sus trabajadores es, justamente, la falta de estatus jurídico de sus administradores. El astillero no está constituido como « empresa recuperada» ni sus empleados organizados como cooperativa. Son sólo continuadores del proceso de quiebra del anterior dueño, Inversora Dársena Norte SA. De hecho, González fue contador de la concesionaria que convocó la quiebra del astillero.

Consenso

Los proyectos de ley de traspaso de Tandanor a la órbita pública y la creación de una nueva sociedad del Estado (Astilleros Argentinos SA) que tenga el control de 51 por ciento de las acciones fueron debatidos en el Congreso en 2005. Hubo consenso general sobre la recuperación para el patrimonio estatal pero un punto conflictivo empantanó el debate y nunca más se trató: el desembolso económico del propio Estado para comprar la quiebra de la concesionaria Inversora Dársena Norte SA (Indarsa), que sólo pagó 7 de los 59 millones de dólares en que se tasó la operación.

Más claro, cómo digerir que se tiene que pagar otra vez por algo que ya pertenecía al patrimonio estatal.

Julio De Vido es otro actor de peso en el escenario de la reestatización de Tandanor. Reclama para su ministerio el control del futuro consorcio de industria naval que se cristalizaría con la fusión de Tandanor y Domecq García, más la incorporación del Astillero Río Santiago (ARS).

El presidente del ARS, Julio Urien, un hombre de visión chavista, lo interesó y para la tarea se requiere nacionalizar el astillero que está bajo la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. El Presupuesto de 2007 tiene atractivos para el megaconsorcio imaginado por De Vido y Urien: la Armada recibió 70 millones de pesos -apenas un adelanto- para construir el primer Patrullero Oceánico Multipropósito (POM) y un refuerzo para reparar el submarino San Juan.

El proyecto POM es de cinco naves a un costo estimado de entre 25 y 27 millones de dólares por barco. Cada astillero desarrollaría por su cuenta una parte del buque -criterio modular- que se armaría por completo en las instalaciones mejor preparadas para ello: Domecq García y ARS. El astillero Domecq García tiene la ventaja de contar con instalaciones techadas que permiten construir sin demoras por inclemencias climáticas. En tanto que ARS cuenta con la experiencia histórica que arrojan más de 34 buques de gran tonelaje construidos desde su creación en 1953. Un coro de sílfides de voces extranjeras se interesaron por la participación en la nueva sociedad del Estado que surgirá con la reestatización de Tandanor: Ferostaal, Thyseen y Siemens, de origen alemán, tuvieron su momento en la construcción de submarinos para la Armada. También aparecieron los españoles de la mano de un funcionario del Ministerio de Defensa que se entrevistó con el secretario de Planeamiento, Oscar Cuattromo, y los franceses de los astilleros DCN y Sofema. Hasta el empresario local Mario Montoto envió emisarios castrenses a testear el ambiente y buscar alianzas estratégicas con empresas extranjeras.