La Justicia insistió ayer, como lo habría hecho en setiembre del año pasado, que hasta el momento no existen pruebas que certifiquen que el Indice de Precios al Consumidor (IPC) haya sido falsificado por la intervención del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. De esta manera, fuentes del juzgado federal N°6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, precisaron en diálogo con Ambito Financiero, «que hasta el momento no existe ninguna clase de delito, con lo que Moreno no sería culpable ni de haber violado el secreto estadístico ni de haber adulteradolos índices». En conclusión,es probable que el secretariode Comercio Interior no sea citado a declarar al menos por esta causa y por este juez.
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Mientras tanto, el conflicto en el INDEC ya cumplió más de un año y en la última semana llegó a despertar dudas en el FMI respecto a la veracidad del cálculo de inflación. Pero desde el juzgado sostienen que la carta y la denuncia del Fondo son de carácter político y no afectarán el dictamen judicial.
Así lo explicó una fuente cercana a Canicoba Corral, quien está al frente de la « causa INDEC» desde que el fiscal Carlos Stornelli pidió que se citara a Moreno -a mediados de julio del año pasado-para que preste declaración indagatoria por ser sospechado de haber violado el secreto estadístico. En ese momento, el magistrado inició las pericias y retiró gran cantidad de documentación y computadoras del INDEC con el fin de analizar su contenido para dictaminar si las sospechas de Stornelli eran verídicas.
Sin embargo, para la Justicia lo que sucedió en el IPC desde enero de 2007 hasta la fecha fue el cambio de algunos comerciospor otros dentro del relevamiento, pero esto no sería delito ya que no existe normativa que lo prohíba. «No hay marco legal que explicite cómo se deben realizar los relevamientos, no están ni en forma de ley o de decreto. En cambio, surgen de reuniones entre directivos de estadísticas. Por eso si se genera alguna variante en los comercios relevados o si se relevan los productos acordados con el gobierno no sería delito», sostuvo la fuente.
La situación sería diferente si se llegase a demostrar que dentro del INDEC se violó el secreto estadístico, que se encuentra garantizado por la Ley 17.622. «Habría que averiguar si se falsificó un instrumento público», aclaró la fuente del juzgado. En esta línea, manipular la inflación cambiando un número por otro se considera «falsificación y delito», pero hasta el momento no existen pruebas ni del hecho ni de que el culpable haya sido Moreno, dado que la documentación es muy extensa y hay que reconstruir el cálculo de la inflación hacia atrás.
Aun así es muy difícil que el juzgado falle en contra del secretario de Comercio Interior, ni siquiera por haber violado el secreto estadístico. «En primer lugar, Moreno no adulteró ningún índice porque no es operador y no tocó ninguna máquina dentrodel INDEC. En segundo lugar, el funcionario no está obligado a respetar el secreto estadístico porque éste sólo afecta a los empleados que trabajan con las estadísticas públicas», sostuvo la fuente.
Instigador
Sin embargo, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a cargo de Manuel Garrido, dictaminó lo contrario al analizar las denuncias de los técnicos del organismo, que actualmente no se encuentran desempeñando funciones en el INDEC, ya que fueron desplazados uno por uno luego de haber prestado declaración ante la Justicia. Según Garrido, Moreno podría ser culpable como «instigador». Este término significa « obligar a otra persona a cometer un delito», en este caso sería cambiar el dato de inflación.
Pero desde el juzgado federal precisaron que ni siquiera esta sospecha pone en duda a Moreno porque no existe evidencia de que haya «apretado» a los técnicos del IPC para que le dieran la información de los comercios que releva el indicador. «Todos los empleados que declararon en nuestro juzgado confesaron que Moreno les pidió en tres ocasiones que le dieran dicha información, pero cuando le respondieron que 'no' Moreno no hizo nada», sostiene la fuente judicial. La conclusión es que a Moreno no se lo encontrará culpable ni por haber violado el secreto estadístico ni como instigador de las manipulaciones, que hasta el momento la Justicia no ha certificado. Eventualmente, a quien sí se podría citar a declarar es a la interventora que designó el funcionario al frente de la dirección del IPC, Beatriz Paglieri, porque ella sí está obligada a respetar el secreto estadístico. «Pero será más adelante», dijeron desde el juzgado y agregaron que «todavía hay que continuar con el análisis de los documentos y es probable que se pidan nuevas pericias».
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