Patacón en peligro: define la Justicia si su uso es legal
Semana clave para Carlos Ruckauf, que aguarda que la Justicia se expida acerca de la legalidad de usar bonos Patacón para pagar parte de los salarios.
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• Decisión
También, en voz baja, un ministro encarnó la contraofensiva oficial. «Existe la intención de desestabilizar al gobierno y algunos jueces son parte de eso», acusó.
Al margen, la decisión está en manos del tribunal especial montado el viernes en La Plata vía sorteo entre abogados sin vínculos directos con la Justicia.
Se eligieron nueve letrados y dos se excusaron: Juan Carlos Abud, por ser titular del Colegio de Abogados de la provincia, y Enrique Solsona, por haber sido miembro de la Cámara Penal Nº 3 de La Plata.
El resto debe superar la instancia de recusaciones que, por ley, pueden presentar las partes -gobierno y peticionantes-si tienen reparos sobre los integrantes del cuerpo.
Para eso el sábado se estableció un plazo de 48 horas para recibir eventuales quejas.
• Agenda
Cumplido ese plazo, el tribunal comenzará a sesionar. En principio, tiene agendado el pedido del gobierno para empezar el mismo martes a pagar con bonos.
El escenario ofrece, en principio, dos variables. A saber:
• Que el tribunal destrabe los amparos, como quiere el gobierno, y permita que se empiece a usar el Patacón pero sin emitir dictamen sobre la cuestión de fondo: la legitimidad o no del recorte salarial y el pago en bonos.
De ser así, según anticipó ayer una fuente desde La Plata, esta semana comenzarán a liquidarse los sueldos de los estatales con títulos provinciales.
• Que atienda los amparos del camarista Fernando Marotto y 13 empleados, entre otros, para no cobrar con Patacón, e impida a la provincia utilizar los bonos. Eso no implica que luego considere válidos los títulos y los habilite.
En ese caso, el gobierno -según explicó Ruckauf-no podrá completar el pago de los sueldos por «no contar con efectivo» disponible.
Arrinconado, el gobernador debe potenciar su capacidad de maniobra. A las críticas de la oposición su sumó ayer la queja de su propio entorno.
El vicegobernador Felipe Solá, que comandó la ronda de negociaciones con las empresas para que acepten el bono, le pidió que dé la cara ante los afectados por el ajuste.
Y la Alianza no le pierde pisada. Ahora lo acusa de haber cometido irregularidades en la contratación de Ciccone Calcográfica, la firma que imprimió los bonos.




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