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Así lo explicó el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, asegurando que sobre el tema trabajan «la Oficina Anticorrupción y el Ministerio de Infraestructura (Planificación)», además de «la Procuración del Tesoro».
«La causa central es que evidentemente se han indexado contratos cuando la Ley de Convertibilidad lo prohibía», dijo el ministro, quien precisó que a las empresas de peaje «se les reclama más de 400 millones de dólares».
Además, confirmó que los contratos de los 14 corredores viales serán revisados junto «a todas las concesiones (un total de 63) de servicios públicos» en una comisión integrada por los ministerios de Economía y Planificación.
Respecto de los corredores, cuyas ofertas económicas para concesionarlos se abren el próximo viernes, ratificó que «serán licitados en los próximos meses», aunque no precisó si la situación de conflicto por el reclamo del gobierno modificará la grilla de oferentes para quedarse con la explotación de los sistemas viales.
Versiones periodísticas daban por hecho que esta semana el gobierno demandará en la Justicia a las empresas de peaje para que devuelvan al Estado 420 millones de dólares, cobrados por indexación de las tarifas desde 1991, cuando estaba prohibido por la Ley de Convertibilidad.
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