15 de diciembre 2000 - 00:00

Pelea el gobierno por obras sociales

Como sucedió cuando se gestionó la reforma laboral, también ahora, con los intereses del sindicalismo afectados por la desregulación de las obras sociales, el gobierno vuelve a dividirse. Fernando de la Rúa se mostró inmu-table el miércoles por la noche, cuando Patricia Bullrich y Pablo Gerchunoff desarrollaron en Olivos los argumentos que aconsejan avanzar con una desregulación amplia, que desemboque en la emancipación de los empleados respecto de las obras sociales, "cajas" de los sindicalistas. En cambio el ministro de Salud, Héctor Lombardo, y el superintendente del Sistema de Salud, Rubén Cano, defendieron ventajas para los gremios, como que se les conceda que durante un año quienes acceden a su primer empleo (jóvenes sanos) estén obligados a afiliarse a la obra social del sindicato. La discusión que se produjo en Olivos y a la que De la Rúa no le puso final alguno involucra más dirigentes del oficialismo. Como cuando se debatía la ley laboral, Enrique Nosiglia, Raúl Alfonsín y Rafael Pascual aconsejan al Presidente para que acuerde con los sindicatos. Esgrimen peligros como un malestar social creciente, cortes de ruta, huelgas y otras plagas. Bullrich, José Luis Machinea, el asesor Dick Morris, Antonio de la Rúa y hasta Fernando de Santibañes recomiendan afrontar el conflicto: creen que no hay mejor adversario que el sindicalismo para encarar el año electoral y que la bandera de la libertad de opción en materia de salud sólo está destinada a ganar frente a los que deban votar en setiembre.

El reloj del gobierno parece girar al revés, haciendo que el tiempo retroceda. De nuevo, los hombres y mujeres que rodean a Fernando de la Rúa se alinearon en dos bandos y pelean entre ellos. No es por razones personales, aparentemente. El motivo de la discordia son, de nuevo, los sindicalistas. Un misterio: cuando están en discusión sus intereses de grupo, las aguas se dividen como nunca. Sucedió ya durante los primeros tres meses del año, cuando se gestionaba en el Congreso la reforma laboral.

Los dirigentes de la Alianza adoptaron conductas diferentes, enfrentadas. Gacelas unos, panteras los otros, estaban los que preferían la paz y, en todo caso, la huida, y los que creían que sólo se podía seguir con vida atacando.


En ese entonces se puso en tela de juicio el corazón del sistema sindical, es decir, el convenio colectivo centralizado. Ahora, cuando lo que se discute es el pulmón, las obras sociales, los alineamientos son similares y es la misma la dureza del conflicto. También es igual el papel de Fernando de la Rúa, quien oficia como árbitro mudo. Así ocurrió el miércoles por la noche, en Olivos, donde reunió en un tenso encuentro al ministro de Salud, Héctor Lombardo; a la de Trabajo, Patricia Bullrich; al jefe de asesores del Ministerio de Economía, Pablo Gerchunoff, y al superintendente del Sistema de Salud, Rubén Cano.


Gerchunoff, una vez más, volvió a enfrentarse con Cano y, en alguna medida, con Lombardo (aunque con éste tiene más consideración no por respeto sino porque no lo juzga de su misma categoría intelectual; tampoco a Cano, pero con alguien tiene que discutir). Cuando De la Rúa pidió un informe sobre «qué falta por reglamentar» y «qué piden los sindicalistas», en referencia a la desregulación de las obras sociales, Gerchunoff defendió una vez más una desregulación absoluta, en la que hubiera la menor cantidad posible de trabas para que los prestadores compitan entre sí. Como es sabido, Lombardo y Cano ofician desde hace meses como vocero de los intereses sindicales dentro del gabinete, tal como lo demuestran cuando finalizan las reuniones y llaman de urgencia a Armando Cavalieri para rendirle cuenta de lo ocurrido.


En cuanto a lo que piden los gremios, ambos bandos explicaron lo mismo al Presidente: quieren que durante un año se les garantice que quien accede a un primer empleo (jóvenes y sanos) estarán obligados a afiliarse a la obra social sindical. «Algo hay que darles a los muchachos» fue el único comentario de De la Rúa, quien dejó a ambos bandos en ascuas.


La discusión de Olivos expresa, en rigor, una pelea más amplia dentro del gobierno. Las panteras pretenden ingresar al año electoral con un conflicto con los sindicatos por la libertad de opción en mate-ria de salud. Creen que no hay paz posible con el gremialismo ya que «evitarán una huelga ahora para hacer otra en marzo». Confían, además, en que el poder de movilización de «los gordos» está muy menguado y que Hugo Moyano difícilmente querrá deteriorar su imagen defendiendo «un negocio». Son «panteras» José Luis Machinea y su equipo, la ministra Bullrich, Fernando de Santibañes -quien cultiva al Presidente como siempre-, Dick Morris -visitó a De la Rúa hace 10 días-y Antonio de la Rúa. Casi los mismos que en el conflicto anterior, si no fuera porque Alberto Flamarique y Carlos Chacho Alvarez están fuera del gobierno. Entre las gacelas tampoco hay nuevos ejemplares. Allí están Lombardo, Cano, Enrique Nosiglia, Raúl Alfonsín y Rafael Pascual. Ellos creen, por distintos motivos, que no debe quebrarse la relación con el sindicalismo.

Para algunos, como Nosiglia o Pascual, esa premisa debe cumplirse para preservar el eje PJUCR, más necesario cuanto más inestable se muestra la Alianza. Otros, como Alfonsín, son «gacelas» por miedo: el ex presidente vive obsesionado por la eventualidad de que «el malestar social se vuelva insoportable y no exista el recurso de contenerlo con los sindicatos». No debe sorprender el «gacelismo» del jefe radical: con los mismos argumentos más el temor de una combinación entre PJ y militares carapintadas, le dio a la CGT el Ministerio de Trabajo para que lo minen desde adentro.

Queda por saber la identidad de Crhystian Colombo, a quien gacelas y panteras tienen como propio.

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