Pese a quejas, rige política automotriz

Los gobiernos argentino y brasileño festejaron ayer la firma del acuerdo automotor alcanzado el lunes, y ratificaron que pese a las quejas de las terminales de los dos países la Política Automotriz Común (PAC) tendrá vigencia desde el 1 de enero, tal cual fue definida en martes pasado. Esto es, medir con un criterio de «doble vía» el contenido local de autopartes, tomando como válidos tanto 30% pieza por pieza y 44% como conjunto de piezas.

Mientras tanto, Uruguay declaró ayer oficialmente que firmará inmediatamente el acuerdo y ahora se espera que Paraguay se defina en las próximas horas. Luego de que estos dos países acepten los términos del régimen, el camino a la aprobación plena de éste estaría totalmente despejado. De no mediar algún problema nuevo y si no se atienden los reclamos de los privados, el 15 de diciembre los presidentes de la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay firmarían definitivamente la PAC en la próxima cumbre de jefes de Estado del Mercosur en Florianópolis.

Defensa

Los dos principales negociadores del acuerdo, el secretario de Industria argentino, Javier Tizado, y el embajador plenipotenciario por el Mercosur de Brasil, José Botafogo Gonçalves, defendieron los tér-minos acordados el martes y aseguraron que «no habría marcha atrás».

El primero en hablar fue el brasileño, amigo personal de Fernando Henri-que Cardoso, quien insistió en que el régimen posibilitará que la Argentina pueda producir 400.000 unidades en 2001. Según Botafogo esa cifra será posible ya que sólo el aumento de la demanda desde Brasil hará que las exportaciones argentinas aumenten, aunque la situación local no mejore. Sobre la polémica desatada con las automotrices por la medición del componente local, el diplomático dijo que la decisión de Brasil de aceptar el porcentaje que reclamaba la Argentina (30% de componentes pieza por pieza y 44% como conjunto) se debió a que ambos cálculos son similares y a que en su país «muchas terminales sólo podían medir como conjunto pero no tenían problemas para cumplir con el porcentaje». Aclaró que la decisión de adoptar uno de los dos criterios será «opcional» y que ahora sólo restan cuestiones técnicas como formar el Comité Automotor.

También Tizado defendió el acuerdo, que lo tuvo probablemente como el máximo ganador de lo firmado el martes; ya que en definitiva se mantuvo su criterio de medir las partes a través de 30% como figuraba en el Decreto 660 reglamentado por Débora Giorgi. El ex Techint aseguró que con lo firmado «se frenará un incipiente proceso de desintegración que se traducía en mucha importación de autopiezas, incluso en el traslado de fábricas hacia Brasil». Según el funcionario, el acuerdo se logra «a partir del consenso de ambos gobiernos, en el sentido de impulsar una mayor integración regional y local, en el caso de la Argentina, en la producción de automóviles». Sobre el conflicto con las terminales, Tizado dijo que «hay empresas que ya cumplen el contenido local exigido y lo sobrecumplen», y que el plazo de dos años fijado para llegar al porcentaje de piezas «alcanzará para que las terminales que hoy no cumplen puedan llegar al nivel acordado».

Por su parte, el gobierno uruguayo de Jorge Batlle dijo ayer oficialmente que no tendrá problemas para sumarse al acuerdo y que «ya está listo» para firmarlo «desde hace varios meses», según aseguró el canciller de ese país Didier Opertti.