Petrobras comunicó ayer a la Bolsa de Comercio haber sido notificada por la Secretaría de Energía de la resolución por la que se le otorgan nueve meses para vender -y 15 días para explicar cómo lo hará- su participación en Transener, la transportadora eléctrica comprada hace dos años a Pérez Companc. La información y el contenido de la norma firmada el lunes pasado por el secretario Daniel Cameron habían sido adelantados por este diario el miércoles último.
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En su mensaje al mercado bursátil -en respuesta a una misiva de la Bolsa, referida puntualmente a lo publicado por Ambito Financiero-, la petrolera estatal brasileña admite haber sido informada por el organismo que capitanea Cameron de los plazos arriba indicados. Ahora a los brasileños les quedan dos caminos: recurrir administrativamente ante la Secretaría contra la resolución -planteando la posibilidad de recurrir a la Justicia ordinaria en caso de no ser atendido su reclamoo acatar la orden y salir a buscar comprador.
La versión recogida por este diario es que Petrobras daría batalla, apoyándose en el hecho de que al momento de comprar no se fijó fecha para que concrete la desinversión en Transener. La carta de ayer a la Bolsa daría pie a pensar que la especie tiene asidero: en uno de sus párrafos -de manera que no puede ser calificada de inocente- se recuerda que Petrobras «se comprometió a desinvertir la totalidad de su participación en Citelec, sin plazo determinado y de manera compatible con la Ley de Marco Regulatorio Eléctrico y con su contrato de concesión a los efectos de preservar la prestación del servicio público en condiciones de calidad y eficiencia».
La realidad es que los brasileños aspirarían a recibir unos u$s 35 millones por sus acciones en Transener, algo más del doble de lo que pagó el grupo Dolphin por una tenencia idéntica.
Hasta hace algunas semanas, el «candidato cantado» para comprarles era justamente Dolphin, socio de Petrobras en Transener (en realidad en Citelec, la empresa que controla 65% de la transportadora) que tiene el derecho al «first refusal» sobre la tenencia de los brasileños. Sin embargo, la casi segura compra del control de Edenor a los franceses de EdF hizo inviable esa operación, porque el régimen energético sólo permite tener mayoría accionaria en una distribuidora si no se tiene mayoría en una transportadora.
En este sentido, fuentes cercanas a la operación de Edenor descartaron la posibilidad de que la misma pueda estar en peligro por el reclamo de los trabajadores de que Dolphin les compre su 10% de la empresa, que tienen desde que se privatizó la vieja SEGBA, a través del régimen de Programa de Propiedad Participada (PPP). De hecho, Marcelo Mindlin -que encabeza el grupo comprador- ya había declarado hace algunas semanas (cuando comenzó a hablarse de su empresa como principal candidata a quedarse con Edenor) su voluntad de negociar con los empleados para adquirir su parte.
Sin embargo, es un hecho que 10% de una empresa que no cotiza en Bolsa, en default, con una deuda que ronda los u$s 600 millones y sin poder ninguno en la toma de decisiones no puede tener demasiado valor. Cuál es la cifra que Dolphin está dispuesta a pagar para no « comprarse» un conflicto laboral es la clave en esta cuestión, que obviamente no podría impedir o incluso demorar el cierre de la compraventa. Inclusive, ese porcentaje está a punto de cambiar: ayer Transener le informó a la Bolsa la decisión de la asamblea de la empresa por la que se aumentará en 20% su capital. El monto de ese incremento ronda los $ 84 millones; en caso de querer mantener su 10% en la empresa, el PPP debería aportar 8,4 millones; de no hacerlo, su participación se recortará en dos puntos, con lo que quedarían en alrededor de 8%. El valor de su parte de Transener, obviamente, se reducirá en igual medida.
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