Antes del 31 de diciembre, Repsol-YPF tendría firmado con Petrobrás el contrato definitivo para el intercambio de activos entre ambas empresas. Aunque el traspaso de las estaciones de servicio Eg3 a la empresa brasileña y de la refinería Bahía Blanca se iría concretando gradualmente en un proceso que insumiría por lo menos entre tres y cuatro meses, con la firma del contrato el grupo español estaría en mejores condiciones frente al gobierno argentino desde el punto de vista del compromiso de desinvertir antes de que termine este año en capacidad de refinación y surtidores al público.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Se afirma que el contrato podría firmarse hoy o entre martes y miércoles próximos, lo que permitiría a Repsol presentarlo al gobierno argentino antes del próximo jueves. De acuerdo con una versión, sólo faltan cerrar ahora algunos detalles para que las dos empresas firmen el convenio, pero los voceros de Repsol-YPF dijeron que no tenían información sobre el avance de las negociaciones.
Según el acuerdo de entendimiento firmado en julio pasado, el intercambio implica que el grupo español entrega a Petrobrás: Refinería Bahía Blanca con una capacidad de refinación equivalente a 4% del total del país y la red de estaciones Eg3, que rondan las 700 y tienen una participación de alrededor de 11% en el mercado minorista de combustibles.
A cambio, Petrobrás entregaría a Repsol unas 340 estaciones de servicio en el sur, sudeste y centro de Brasil, 30% de la refinería Alberto Pasqualini, ubicada en el estado de Rio Grande do Sul, y 10% de un área marítima de la empresa estatal brasileña que produce unos 140.000 barriles diarios.
Una vez que está firmado el contrato, el mismo debe ser revisado por las autoridades de la competencia de los dos países. En la Argentina, el convenio debe encuadrarse dentro de la resolución de la Secretaría de la Competencia que obliga a vender en bloque la refinería y las estaciones para que éstas tengan cómo abastecerse.
Se estima que la autorización en los dos países demoraría unos tres meses, pero igualmente las dos empresas entrarían ya desde enero en un proceso de transferencia concreto, que insumiría varios meses.
Se entiende que cuando el contrato llegue a la Secretaría de Defensa de la Competencia, ésta podría poner un plazo para la transferencia y alguna penalidad en caso de incumplimiento. Ahora, en cambio, el compromiso de desinvertir en estaciones y refinación firmado con el ex ministro Roque Fernández no prevé qué ocurrirá ni qué deberá hacer el gobierno en caso de que lo comprometido no se cumpla.
