El secretario de Energía, Daniel Cameron, mantuvo ayer el primer encuentro con las petroleras que producen gas, para estudiar las actas acuerdo que firmarán con el gobierno, como paso previo a que entren en vigencia los primeros aumentos en el precio del producto. La intención oficial es que las actas acuerdo incluyen la suspensión o renuncia de las empresas a los reclamos ante el CIADI, tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial. Hay tres litigios iniciados por petroleras: los de Total, Pan American Energy y Wintershall. Estas representan 20% de la producción nacional de gas, y si no acceden podría caerse el proyecto de ajustes para los grandes y medianos usuarios industriales y comerciales.
•Presunción
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Aunque las compañías aseguraron que la decisión será tomada en sus casas matrices, en principio, se presume que adoptaran la misma actitud asumida la semana pasada por Suez, el grupo francés que controla Aguas Argentinas. Suspenderán la cuestión de fondo, pero seguirán tramitandola jurisdicción del litigio. Para el gobierno, las presentaciones ante el CIADI, que llegan casi a 30, constituyen una preocupación importante, porque se suman a la falta de acuerdo con los tenedores de bono en default y a las tensiones con el Fondo Monetario y los países del G-7. Es decir, se vería a las demandas de las petroleras y de las privatizadas dentro de un contexto internacional hostil que se pretende revertir.
En cada acta acuerdo que el gobierno firmará con las petroleras se incluye el compromiso de un «esquema de normalización de precios al 31 de diciembre de 2006», y un primer incremento a aplicar luego de la firma. Posteriormente, los acuerdos deberán ser refrendados por el ministro de Planificación y sometidos a audiencia pública.
Las productoras, entre las que se encuentran Repsol YPF y Petrobras Energía, que no presentaron demanda contra el Estado, deberán además comprometerse a garantizar el abastecimiento del mercado interno, lo que implica la realización de inversiones que se vinieron retrasando en los últimos dos años.
Asimismo, con la decisión de que las industrias deberán gradualmente comprarles directamente a las productoras, sin pasar por las distribuidoras zonales, se asegura desde ya a las petroleras la recomposición de los precios, porque serán ellas las que pacten directamente con los grandes usuarios.
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