El gobierno de Néstor Kirchner intentará asegurarse mañana la convalidación en el Congreso de la prórroga de facultades para renegociar tarifas de servicios públicos hasta el 31 de diciembre de 2004. Se trata de un tema clave, incluido en el acuerdo con el Fondo.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Estos poderes especiales que el Parlamento le concedió en su momento a Domingo Cavallo caducan a fines de este año. El Senado ya votó el proyecto del Ejecutivo, pero resta que haga lo propio Diputados para convertirlo en ley. Según los planes de José María Díaz Bancalari, este trámite podría completarse en el recinto dentro de 9 días, más exactamente el miércoles 1 de octubre. Sin embargo, hay dudas sobre si habrá o no dictamen esta semana. De no llegarse a emitir despacho, algo bastante probable, se demoraría una semana la sanción.
Julio De Vido en persona visitará dentro de 24 horas un plenario de comisiones que está analizando la iniciativa. El ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios explicará a los diputados de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Obras Públicas y Defensa del Consumidor el contenido del texto elaborado por el oficialismo que, entre otras cosas, impone al Legislativo 60 días para ratificar los convenios. Transcurrido ese plazo, si hay silencio de este poder, el o los acuerdos quedan validados de hecho. Este procedimiento se conoce como sanción ficta.
•Resistencia
De Vido sabe que conspiran contra la rapidez de la aprobación, no sólo que Presupuesto (la comisión que encabeza el jujeño Carlos Snopek) no estudió todavía el tema, sino también cierta resistencia de opositores, del mismo PJ -por caso, el menemista Jorge Bucco que, desde la conducción de Defensa del Consumidor, pretende modificar el proyecto-, y del socialismo, representado por el abogado de usuarios Héctor Polino.
En ese sentido, hay un aspecto que pasó inadvertido en la Cámara alta que debería subsanarse. Los contratos renegociados serán dirigidos para la aprobación a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizadas, cuya existencia fenece por la Ley de Emergencia Económica a fin de año. Polino propuso que se prorrogue la vigencia de la Bicameral. Otra criterio, predominante en el PJ, es que este papel lo desempeñe la Bicameral de Reforma del Estado.
Díaz Bancalari y sus amigos estiman que lo conveniente sería sacar el paper tal cual llegó de la Casa Rosada y dejar para otra ocasión cualquier parche necesario. Esto evitaría demoras en la sanción del proyecto y permitiría incluir, mediante otras sanciones, algunos requisitos sugeridos por varios legisladores, como la extensión de la Emergencia Económica y la inclusión de la necesidad de incorporar la denominada tarifa social en la renegociación.
•Gesto
Después de todo, el hecho de que se fije a cuál bicameral se enviarán los convenios parece un simple gesto de cortesía: el gobierno se asegura que, pasados 2 meses, quedarán ratificadas de facto las negociaciones con empresas, sin obligación de que el Congreso se pronuncie.
El oficialismo recogería a favor del proyecto las firmas de los representantes de partidos provinciales, pues suponen la negativa del radicalismo. La UCR retaceó avales durante el paso de la iniciativa por el Senado, aunque la estrategia sólo alcanzó al voto negativo y no a dejar sin quórum la sesión, algo que hubiera sido posible debido a las masivas ausencias en la bancada del PJ.
En Diputados, el problema para el peronismo de Kirchner es que radicales, menemistas y socialistas reúnen un porcentaje mayor de representantes que en la otra ala parlamentaria.
El proyecto aprobado por el Senado cuenta entre sus puntos más destacados la extensión al 31 de diciembre de 2004 del proceso de renegociación de los contratos con las empresas de servicios públicos, que en principio debería caducar el 10 de diciembre próximo.
