Plan de Camaño fue exitoso en Córdoba

Eduardo Duhalde firmaría la próxima semana el decreto por el que se pondrá en marcha el plan por el cual las empresas podrán incorporar a los beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados. Según esta propuesta, durante seis meses el Estado permitirá a las empresas descontar de los salarios los 150 pesos que se pagan por estos planes, pero el empleado mantendrá ese ingreso. Si un trabajador es contratado por una empresa (grande o chica) por seis meses y se le pagan 400 pesos mensuales, 250 serán pagados por el empleador y 150 serán liquidados por el lugar donde actualmente la persona percibe el subsidio. El Estado se compromete además a efectuar los aportes previsionales por esos 150 pesos y a tener las liquidaciones del Plan Jefas y Jefes al día. La empresa por su parte deberá mantener durante los seis meses al empleado. Terminado ese ciclo, la compañía no se compromete a tomarlo definitivamente. Sin embargo, el que quiere volver a recurrir a este esquema de descuento de 150 pesos, tendrá que mantener la planta de personal.

En total se estima que serían 400.000 las personas que en una primera etapa podrían ingresar en estos planes de empleo, las que inmediatamente pasarían de ser consideradas como indigentes a pobres dentro de las mediciones del INDEC. Estos potenciales beneficiarios figurarán en un archivo dentro de la página de Internet del Ministerio de Trabajo que dirige Graciela Camaño. Allí estarán agrupados los beneficiarios del Plan Jefas y Jefes por profesión o especialización laboral, menú que podrá ser consultado gratuitamente por las empresas. También vía Internet las empresas podrán tomar contacto con el empleado a través de la cartera laboral y contratar a la persona interesada.

El gobierno tomó este tipo de esquema de aumento de la oferta laboral de una iniciativa que tuvo éxito en Córdoba y que aplica el gobernador José Manuel de la Sota desde comienzos de su gestión en el '99. En esa provincia se impulsaron dos sistemas, el Plan Primer Paso (PPP) y el Volver al Trabajo (VAL). Por el primer régimen se beneficiaban los jóvenes de entre 18 y 24 años, mientras que los trabajadores de entre 40 y 60 años estaban incluidos en el segundo. El PPP determinaba la obligación de trabajar 4 horas diarias, mientras que en el segundo el límite eran las 8 horas reglamentarias. En el primer plan el gobierno de Córdoba aportaba 140 pesos mensuales, mientras que en el segundo el aporte era de 400 pesos. En ambos casos el Ejecutivo provincial se hacía cargo de la liquidación de los aportes previsionales y los pagos a las ART. Según estimaciones de colaboradores de De la Sota, el desempleo cordobés bajó dos dígitos durante el año 2000 por este plan, ubicando por debajo del promedio de 18% que tenía el resto del país, y eran planes genuinos ya que se trataban de recursos destinados a trabajo real que beneficia a desempleados y a empresas.