El año pasado, observadores del Banco Mundial se instalaron en la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (UFISES) para monitorear de cerca un caso testigo sobre irregularidades en el cobro de subsidios del Plan Jefas y Jefes de Hogar.
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El «leading case» que llamó la atención de los veedores de la entidad fue protagonizado por Alejandro Keck, ex director de Empleo durante la gestión de Graciela Camaño. Este ex funcionario fue denunciado por la entrega de 12 mil subsidios del plan en el partido de San Martín a cambio del voto para acceder a una banca como concejal. Por lo menos, eso figura en el expediente que ahora será ventilado en un juicio oral.
Hace pocos meses, otra delegación del Banco Mundial, comandado por Paul Wolfowitz, desembarcó en la UFISES, que conduce el fiscal Guillermo Marijuan. Allí volvieron a constatar que las irregularidades en la distribución de los planes Jefas y Jefes tenían un denominador común: entrega discrecional de los subsidios, extorsión (pedido de dinero a cambio de la inscripción o de asistir a las marchas), inscripciones de personas que no cumplían con los requisitos para ingresar al programa y en un grueso porcentaje inscriptos que no realizaban la mínima contraprestación de cuatro horas de trabajo. Por estas irregularidades el Ministerio de Trabajo debió dar de baja 16 mil planes, cuyos beneficiarios accedían a un subsidio de $ 150 incumpliendo todas las disposiciones.
Esta información se repetía también en las más de 4.500 investigaciones que la fiscalía de Seguridad Social realizó en los dos últimos años, que dieron motivo a 2.500 denuncias penales en distintos puntos del país. El uso clientelista de los planes tuvo como especial foco el manejo que hicieron de ellos las agrupaciones piqueteras de desocupados con cierto silencio cómplice del gobierno.
No sólo desocupados hicieron uso y abuso del sistema. También los políticos. Al respecto, Marijuan sostiene que este mecanismo nació viciado porque se les permitió a los intendentes manejar las inscripciones y con ello se facilitó el reparto clientelistas del plan. Un dato que ilustra la gravedad de la situación es que el programa funciona bien sólo en 500 municipios de 2000.
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