Polémica por informe sobre depósitos en pesos

El Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires profundizó ayer su plan para detectar evasores, al sumar al sistema financiero entre los sectores a investigar.

Ayer el subsecretario de Ingresos Públicos de la provincia, Santiago Montoya, anunció que la provincia aplicará 30 mil pesos de multa al banco que no informe si alguno de los 35 mil grandes evasores de la provincia de Buenos Aires posee cajas de seguridad que pudieran ser allanadas para efectivizar el cobro de la deuda. El funcionario recordó que hoy « vence el plazo que les dimos a los bancos para que nos informen sobre si tienen o no cajas de seguridad algunos de los nombres incluidos en el listado que les elevamos». Montoya dijo además que «ya hay 5 bancos que respondieron a nuestro pedido y otros pidieron una prórroga de dos días y a éstos les hemos dicho que si la prórroga la solicitan por nota, se la daremos» y advirtió que a los bancos que no entreguen esa información «se les aplicará multas de hasta 30 mil pesos, y además se publicará sus nombres en Internet».

Con respecto al megaoperativo realizado la semana última para localizar a los grandes evasores del fisco provincial, que en conjunto deben 2.000 millones de pesos, Montoya precisó que «se logrócontactar a 25% de ellos» y que «a otro 55% se les dejó bajo la puerta del domicilio la notificación y se constató que otro 20% dio domicilios falsos».
Buenos Aires quiere avanzar, previa autorización judicial, sobre los potenciales ahorros y bienes líquidos que el público posea en las cajas de seguridad de las entidades radicadas en la provincia, cuando estos contribuyentes hayan sido declarados por la Justicia como evasores de los impuestos bonaerenses a la renta y patentes tanto de automóviles como de embarcaciones y aeronaves.

Según fuentes del Ministerio de Economía de la provincia, ya habría en la mira varios potenciales contribuyentes sobre los cuales se iniciaríanrápidamente acciones legales que de no tener respuestas positivas podrían derivar en una acusación en la Justicia; que a su vez podría terminar en un avance sobre las cajas de seguridad.

En todos estos casos (se cree que son más de 20), ya se habría determinado que esta personas poseen cajas de seguridad en entidades radicadas en el territorio bonaerense.

Por otro lado, se estima que en 2005 la Subsecretaría de Rentas de la provincia podría cerrar un acuerdo con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Alberto Abad, para cruzar datos sobre potenciales evasores de impuestos nacionales y provinciales.