Empresarios bonaerenses consideraron hoy que la ley para descontar el Impuesto a los Ingresos Brutos de las cuentas bancarias de los contribuyentes, sancionada esta madrugada por la Legislatura provincial, es "confiscatoria" de "dudosa legitimidad" y "violatoria de la intimidad y el derecho de la propiedad".
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La Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA) manifestó en un comunicado su "total rechazo" a la ley, que según manifiestan se sancionó a instancias del Poder Ejecutivo, por la cual el Estado podrá cobrarse directamente de las cuentas bancarias de los contribuyentes el pago a cuenta Impuesto a los Ingresos Brutos.
"Se trata a todas luces de una medida de naturaleza confiscatoria, que es doblemente inaceptable si se tiene en cuenta que se pretende aplicar para el pago de un anticipo del impuesto", expresa el comunicado.
En ese sentido, los empresarios acusan al gobierno provincial de "intntar financiar el desborde del gasto público improductivo pretendiendo someter al sector privado a una exacción intolerable, con prácticas de muy dudosa legalidad".
Según CEPBA, este tipo de medidas "violan la intimidad y el derecho de propiedad de las personas y las empresas" y "son propias de Estados totalitarios que los argentinos que aspiramos a una Patria mejor y más justa no nos merecemos".
La norma, que fue aprobada esta madrugada por las Cámaras de Diputados y Senadores, habilita la nueva técnica para el cobro del tributo a partir del 1 de enero. Establece que Rentas "dispondrá un régimen de recaudación del impuesto sobre los Ingresos Brutos que se aplicará sobre los importes acreditados en las cuentas abiertas en las entidades financieras". De esta forma el gobierno bonaerense podrá cobrarse directamente de cuentas bancarias de los contribuyentes el impuesto a los Ingresos Brutos.
Agrega que los importes recaudados "serán tomados como pago a cuenta del gravamen que les corresponda ingresar por el anticipo mensual o bimestral en el que fueran efectuados los depósitos".
Voceros legislativos explicaron que la idea "no es acorralar a las pequeñas empresas, sino a los grandes evasores de impuestos radicados en la provincia de Buenos Aires".
La Legislatura sancionó también esta madrugada una reforma fiscal que aplica severas multas a los propietarios de inmuebles que no hayan declarado mejoras o nuevas construcciones.
La norma dispuso que los propietarios que se presenten espontáneamente a regularizar su situación deberán pagar la diferencia desde el 1 de enero del 2000 o en el momento que se hubiera originado la obligación de denunciar el nuevo estado si fuere posterior a esa fecha.
De lo contrario, se habilitó a Catastro a determinar de oficio la valuación de las obras o mejoras no declaradas que detecten en operativos de fiscalización y será retroactiva al 1 de enero del año más antiguo para la prescripción de la deuda, es decir cuatro años hacia atrás.
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