2 de septiembre 2002 - 00:00

Política de medicamentos: la Argentina reinventa la rueda

Los que conocen bien a Ginés González García, el ministro de Salud de Duhalde, tienen una buena opinión de él. Un profesional competente, con experiencia en la gestión de gobierno, que ha dedicado una buena parte de su vida al estudio de la cuestión de la salud pública, en especial a la de los medicamentos. Los que lo conocen bien y, además, conocen la problemática de los medicamentos, no se explican por qué, alguien honrado y competente, insiste en imponer a nivel nacional -y a aconsejar a las jurisdicciones provinciales- una política de medicamentos poco estudiada, sin antecedentes internacionales y hasta peligrosa.

Es sumamente preocupante que millones de argentinos no puedan acceder a los medicamentos que necesitan. La dramática crisis del PAMI y de las obras sociales sindicales y provinciales, el desempleo y la pauperización de la clase media con su secuela de abandono de los prepagos y la disminución de los porcentajes de cobertura instrumentada por todos los aseguradores de salud, son un serio impedimento a la accesibilidad a los medicamentos para los sectores bajos y medios de nuestra población.

Lógicamente, si los medicamentos fueran más baratos -tan baratos como fuera posible-, serían más accesibles a la gente. Y, para abaratarlos, se propone que se elija el medicamento más barato dentro de un conjunto de medicamentos que, contrariando todo método científico, las autoridades declaran, sin admitir prueba en contrario, equivalentes y sustituibles.

Entre la discusión científica y el marketing, el ministerio prefiere el marketing. Lanza una campaña publicitaria de la que se infiere que cualquier medicamento que contenga el mismo principio activo producirá el mismo efecto en el paciente; obliga a los médicos a recetar según el nombre de la monodroga y traslada la decisión final respecto de cuál será el remedio que comprará el usuario final a una suerte de absurdo conciliábulo entre paciente y farmacéutico. El farmacéutico que sabe de farmacología, no conoce ni el diagnóstico ni la evolución clínica del paciente; el paciente es productor rural, ama de casa o astrónomo. Farmacéutico y paciente deliberan, entonces, acerca de cuál es el medicamento apropiado.

• Obsequio

En esta línea de pensamiento y en un gesto «bumerán» (que habla bien del humor del ministro, pero no de la solidez de su razonamiento), regala a los periodistas, en su día, una caja de alfajores que mezcla distintas marcas y que simboliza la calidad «genérica» del alfajor. ¿Cree alguien, seriamente, que ciertos famosos alfajores marplatenses son iguales que aquellos que valen la mitad? ¿Cree que un atracón infantil de unos y otros tendrían el mismo efecto?

Esta concepción elemental de la equivalencia entre productos fabricados con el mismo componente básico igualaría al vino de Tetrabrik con los sofisticados vinos franceses de cien dólares la botella. Efectivamente, todos ellos se producen con uva.

La nueva regulación, las declaraciones de los funcionarios y la campaña publicitaria que la promueve muestran una duda larvada acerca de la excelencia de los médicos al momento de prescribir medicamentos. Por razones poco claras podrían recetar remedios inútilmente caros. Pero, sorprendentemente, las autoridades sanitarias muestran una ciega confianza en los farmacéuticos que, luego de su deliberación con el paciente, elegirían el remedio apto, en calidad y precio. Si es que no es atendido por un empleado de comercio.

Siempre se supo que los médicos obtenían sus ingresos (cada vez más magros) de la atención de los pacientes y los farmacéuticos, los suyos (magros, también) de la venta de remedios a sus clientes. ¿Cómo nos convencerán que algunos farmacéuticos -sin duda, los menos-, no se verán tentados a prescribir aquellos medicamentos de mayor margen de ganancia?

No podemos dejar de preguntarnos cómo se manejará en la Argentina un caso de «mala praxis» médica. El médico muy probablemente ni siquiera sabrá, hasta no acceder al expediente judicial, cuál es el fármaco que le fue administrado a su paciente; si el correcto, aquel cuya habilidad para actuar él hubiera elegido, u otro, elaborado en una trastienda. ¿Quién será el responsable por la salud de los pacientes? Sería, en fin, conveniente que el ANMAT -cuyos profesionales son considerados competentes- tuviera la posibilidad de inspeccionar esas trastiendas en las que se elaboran o envasan remedios.

• Magia

En realidad toda esta discusión resultaría un simple juego intelectual si, efectivamente, todos los remedios fueran «equivalentes». Ese es, sin duda, el corazón del problema. Esta política nos dice: todos han sido aprobados por el ANMAT, luego todos son buenos y luego, nos susurra, son «equivalentes»; elija cualquiera de ellos que se curará del mismo modo, en el mismo tiempo y con los mismos efectos secundarios y, excepto el precio, todo será igual. Claro, como los vinos y los alfajores, todos aprobados por alguna autoridad de contralor; con el precio como única diferencia. ¿Podrá alguien creer esta línea argumental?

Pero, tras la confusa política de medicamentos del Ministerio de Salud hay ideas interesantes que un gobierno débil y vacilante no se siente ni con fuerza ni con tiempo para instrumentar. Prefiere una suerte de magia simplificadora.

La experiencia internacional muestra que ciertos medicamentos genéricos suelen exhibir precios muy inferiores a los de los medicamentos originales. Pero siempre se exige la existencia de verdaderos genéricos, cuya «bioequivalencia» -medida a través de su «biodisponibilidad»- haya sido probada. El mismo principio activo, y así lo confirma toda la bibliografía disponible, no significa bioequivalencia. Es evidente que su aprobación por ANMAT y la presencia del mismo principio activo no los hace idénticos frente al tratamiento del paciente.

En el plano de lo financiero, sin embargo, lo peor está por venir. Si los aseguradores de salud -obras sociales, PAMI y prepagas- que hoy pagan una parte de los medicamentos prescriptos por los médicos a sus asegurados, toleran la inaceptable teoría de que dos fármacos son equivalentes con sólo poseer el mismo principio activo, el paso siguiente será el de cubrir solamente el medicamento más económico de cada monodroga. ¿Qué sentido tendría pagar 60% de un medicamento caro cuando el Ministerio de Salud afirma que es lo mismo suministrar otro que cuesta la mitad? Allí, lógicamente, se acabará la libertad de elección; el remedio será siempre el más barato, el único cubierto en una proporción razonable. Si no priva el sentido común, incluso aquellos que pagan $ 500 por mes por la salud de su grupo familiar, terminarán sin libertad de elección consumiendo un fármaco distinto que el prescripto por su médico, no bioequivalente con aquel.

• Medidas exitosas

Pero entiéndase bien, la posibilidad de reducir el precio de los medicamentos debe ser explotada. Lo contrario sería propiciar un sistema de medicina para ricos y enfermedad para pobres. Hay decenas de medidas que son utilizadas con éxito en otros países y que en la Argentina se pueden adoptar, no es preciso que reinventemos la rueda con un sistema de prescripción por nombres genéricos, en un país sin industria de medicamentos genéricos y autorizando al farmacéutico a expender el fármaco que considere conveniente. En cambio, existen mecanismos regulatorios, contractuales y financieros que han probado su aptitud al momento de reducir la cantidad y el precio y mejorar la efectividad de la mezcla de medicamentos consumidos.

La OECD, organización que nuclea a los 28 países más desarrollados de la Tierra, en ninguno de esos países exige a sus médicos la prescripción por nombre genérico porque, sencillamente, los médicos no han sido entrenados para hacerlo y, al mismo tiempo, es difícil mantener este conocimiento actualizado.

En definitiva, la política de medicamentos debe evitar cristalizar una situación en la que haya un tratamiento terapéutico de primera para el segmento de alto poder adquisitivo y uno de segunda, para el resto de la población o, lo que es peor, ningún tratamiento para quienes no tienen los recursos para pagarlo.

Las soluciones justas y estables pasan por políticas públicas dirigidas a lograr la reducción de los precios de los medicamentos y, entre ellas, las de mayor prioridad son las encaminadas a dar un fuerte impulso a una genuina política de fabricación de medicamentos genéricos, más baratos, por un lado, pero que hayan pasado los controles necesarios para demostrar sus bioequivalencia terapéutica con el medicamento original.

• Consecuencias

La «reinvención de la rueda» nos ha llevado a una convertibilidad sin cierre de las cuentas fiscales, a un «corralito» y un «corralón», a la pesificación asimétrica de créditos y débitos bancarios, al default pleno de jubilo, a la emisión inorgánica de dinero provincial y al abandono de las reglas más básicas de convivencia y seguridad jurídica. No nos repitamos.

La política de medicamentos es una permanente preocupación de todos los países, ricos y pobres, existen centenas de excelentes antecedentes sobre el particular. El ministro de Salud, a diferencia de algunos otros de sus colegas de gabinete, es considerado competente en su materia; sólo se le requiere la humildad de imitar -imitar bien- y la imprescindible paciencia para no destruir ante la opinión pública y ante los médicos un proyecto que, rediseñado, puede mejorar el acceso de los pobres a los medicamentos.

Esperemos que nuestros legisladores puedan, al analizar el proyecto respectivo, balancear la necesaria accesibilidad con la no menos necesaria seriedad científica.

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