Por ahora, no saben cómo subir las tarifas

Fuentes del Ministerio de Economía dijeron que no hay avances todavía sobre el eventual decreto de necesidad y urgencia (DNU) que autorizaría un aumento generalizado de las tarifas de servicios públicos en dos etapas: una de 10% a partir del 1 de diciembre y otra del mismo monto desde marzo.

La posibilidad de subir las tarifas por decreto no conforma al Fondo Monetario, cuyo vocero, Tom Dawson, volvió a mencionar el tema cuando dijo que faltan «progresos» y «bastante trabajo por hacer», antes de aspirar a un acuerdo con ese organismo.

El proyecto del decreto tampoco satisface a las empresas privatizadas, porque creen que es «muy débil jurídicamente», mientras, afirman, las idas y venidas en torno a un aumento suscitan la resistencia del público y desmejoran la imagen de las compañías dentro de la sociedad.

• Oposición

Además de todo eso, la defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, cuya presentación en la Justicia junto con entidades de consumidores derivó por ahora en la suspensión de las audiencias para tratar los aumentos, anticipó ayer nuevas acciones judiciales.

Según Oliveira, si las subas salen por decretos de necesidad y urgencia, o hipotéticamente son aprobadas por una ley, «se estaría violando la Constitución que asegura el derecho de participación de los usuarios».

La funcionaria aseguró que se presentará nuevamente en la Justicia tanto ante un decreto de necesidad y urgencia como si se tratara de una ley, y expresó su convicción de que la respuesta judicial le sería favorable, porque «aumentar tarifas sin previa audiencia pública o algún tipo de actuación donde pueda participar el usuario, es inconstitucional».

Por su parte, el ente regulador eléctrico apeló ayer el fallo de la jueza Claudia Rodríguez de Vidal, que ordenó suspender las audiencias públicas para debatir las tarifas de transmisión de luz que se iban a realizar entre hoy y el lunes. El ENARGAS ya había apelado el viernes por la noche, cuando fue notificado del fallo.

De este modo, el gobierno parece no descartar todavía que las audiencias se destraben en la Justicia, pero sigue el procedimiento ordinario, apelando ante la Cámara en lo contencioso administrativo en segunda instancia. Es decir, no intenta acelerar el proceso vía per saltum a la Corte Suprema.

Por otra parte, el aumento de tarifas fue uno de los puntos exigidos por el Fondo que no pudo acordarse el lunes entre el gobierno nacional, gobernadores y legisladores. Por esta razón, el Ministerio de Economía tampoco tiene la posibilidad de que el Congreso apruebe un proyecto de ley que modifique la ley de emergencia pública, y permita «una transición con aumentos de tarifas», hasta que el futuro gobierno reconsidere los contratos de concesión.

Las empresas privatizadas mantienen un fuerte escepticismo sobre los decretos, aunque en algunas de ellas creen que una «buena fundamentación» sobre la emergencia de las empresas podría salvar a los DNU. Esta impresión parece, sin embargo, más un mensaje para los inversionistas que tienen papeles de los accionistas mayoritarios, que una convicción con algún fundamento.