Precaución de Kirchner por el futuro Congreso: apura leyes

Néstor Kirchner tiene como prioridad en el Congreso hasta fin de año la sanción de dos proyectos: el que lo habilita para efectuar subas parciales de tarifas y el presupuesto 2004. El primero de ellos debe ser ley antes del 15 de noviembre, ya que es la meta fijada en el reciente acuerdo con el FMI. Sería grave que a sólo 60 días de firmado ya se incumpla con el organismo. Pero además el Presidente quiere apurar la votación de esos temas antes de que el 10 de diciembre se produzca la renovación de la Cámara de Diputados. El Presidente cree que es más fácil negociar leyes con los legisladores que se retiran, antes de que lleguen los nuevos diputados y, de hecho, Eduardo Duhalde tome el control de esa Cámara. En este sentido, esta semana enviará a Roberto Lavagna y Julio De Vido a Diputados a cumplir múltiples funciones. Deberán presentar los números del presupuesto 2004 y también el plan de obras públicas, que siempre es la moneda de cambio para negociar apoyos. De Vido tendrá que enfrentarse al bloque peronista para explicar qué hará el Presidente con los poderes que se le darán para renegociar contratos de privatizadas y tarifas. Legisladores mantienen la sospecha de que en diciembre se dispondrá un aumento para gas y electricidad.

El gobierno ya definió sus prioridades en el Congreso hasta el 10 de diciembre: renegociación de tarifas y presupuesto nacional 2003. Esta semana fueron llamados a Diputados Roberto Lavagna y Julio De Vido. El ministro de Economía concurriría mañana a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para explicar el proyecto de presupuesto nacional, que anoche recibía los últimos retoques por parte de la lapicera de Néstor Kirchner. Al mismo tiempo los diputados de esa misma comisión y los de Obras Públicas intentarán apurar el dictamen del proyecto que otorga facultades al Ejecutivo para subir tarifas. El despacho, en realidad, no debería tener modificaciones a lo sancionado por el Senado para convertirse en ley lo antes posible. El toque final deberá darlo el ministro de Planificación ante el bloque peronista. Está previsto que lo haga el jueves, poco después que defienda el plan de obras públicas contenido en el Presupuesto 2003, ante los diputados de la comisión. Y si bien habrá un intento de sesionar con ese tema mañana, la realidad lo muestra hoy como imposible.

El problema para el gobierno es que el Congreso usualmente rechaza las leyes que otorgan facultades al Poder Ejecutivo, como es el caso tarifas. Y si bien el bloque PJ está decidido a votarla, hay reticencias internas y una fuerte oposición en la izquierda -incluso en los más cercanos a Kirchner-, radicales y diputados provinciales.

La historia de la delegación de facultades del Congreso al Ejecutivo fue siempre complicada, hecho por otra parte lógico ya que la Constitución nacional es extremadamente restrictiva en ese tipo de poderes delegados, al punto de que amenaza con declarar traidores a la patria a los legisladores que lo hicieran sin la debida fundamentación. Esto no impidió, de todas formas, que la delegación de facultades al PEN no haya sido una constante en la historia argentina, demasiado asidua para el gusto de cualquier constitucionalista.

•Límite

Ese razonamiento, por ejemplo, fue utilizado por Elisa Carrió cuando Fernando de la Rúa pidió los «superpoderes» para Domingo Cavallo que le permitían hasta modificar impuestos con decreto, una facultad que se considera el límite máximo de cesión que puede hacer no sólo el Congreso argentino sino el Parlamento de cualquier país civilizado. No por casualidad fue que el control de la potestad tributaria del Estado originara la creación del primer Parlamento en Inglaterra.

Sin elevarse tanto en la historia, los diputados y senadores argentinos tienen otros elementos para volver a dudar en ceder facultades al Presidente. A De la Rúa no le fue tan difícil conseguirlas, en medio del marasmo económico, y tampoco a Eduardo Duhalde con el incendio definitivamente desatado.

Pero Kirchner tiene un elemento a favor para lograrlo: no se trata este caso de poderes para modificar impuestos. Pero los partidos de izquierda creen que quiere contar con la ley para subir tarifas y los provinciales para comenzar a cancelar contratos de concesión. Cualquiera de los dos argumentos hoy le juegan en contra.