En medio de la puja por el aumento de las cuotas de las prepagas no deja de sorprender la celeridad con que el gobierno reflotó el proyecto de ley de regulación de estas empresas de medicina del cual logró dictamen para que ya se trate en Diputados.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Pero lo cierto es que la medida que impulsa el Poder Ejecutivo a través de sus diputados Patricia Vaca Narvaja y Graciela Rosso genera más incertidumbres que un claro marco regulatorio.
En primer lugar llama la atención la aparente exclusión de las mutuales y cooperativas, pese a que estos agentes también comercializan planes de cobertura médica privada. Desde el gobierno argumentan que tienen su propia normativa, pero soslayan que las obras sociales también la tienen y sin embargo quedarían encuadradas. Por ello los especialistas sostienen que la regulación debe ser por el objeto y no por el sujeto, lo que establece igualdad ante la ley.
La escasa claridad con que se ha pergeñado el proyecto en el seno del gobierno se refleja al definir la autoridad de aplicación simultánea en los ministerios de Salud, que conduce Ginés González García, y de Economía, cuando se sabe que prácticamente resulta imposible hacer operativa la coexistencia de estos dos organismos en este rol. Si se trata de prestaciones de salud, lo lógico sería que sea la Superintendencia de Servicios de Salud, dependiente del Ministerio de Salud. Pero se quiere también que la Subsecretaria de Defensa al Consumidor dependiente hoy del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ejerzauna fiscalización conjunta.
Entre la extensa serie de objetivos y funciones de la superintendencia figura crear un Registro Nacional de Prepagas, cuando ya existe uno similar en la sede del organismo. Por otro lado le fijan implementar mecanismos en cada jurisdicción para garantizar la disponibilidad de información para consulta de las personas; pero ocurre que la salud no es materia delegada por las provincias a la Nación, de modo que el Ministerio de Salud tiene poca o ninguna injerencia en aquellas. En el caso de cierre o quiebra de una prepaga la superintendencia transferirá la cobertura de los usuarios a otras prepagas inscriptas en el registro, pero la aceptación o no de los asociados debe quedar reservada a la voluntad de las otras entidades. Queda claro, cuando aún está presente el caso del Hospital Francés, que con esto el Estado impone cargas a otras prepagas.
En relación con las cuotas, el proyecto dice que deberán ser aprobadas por la Comisión Permanente. Esto es un control de precios encubierto en una actividad que no es un servicio publico privatizado como los teléfonos o la luz. Lo que debería apuntarse aquí es a que las prepagas brinden previsibilidad a sus contratos y no pedir autorización por ajustes de cuotas.
Para poder operar no sólo las prepagas tendrán que constituir y mantener un capital mínimo, sino también una reserva técnica equivalente a 50% del promedio de facturación mensual de los últimos doce meses, la que será constituida por instrumentos financieros de alta liquidez. Al no permitirse incluir en la reserva inmuebles, bienes de uso y equipamiento se está discriminando a la pequeña y mediana empresa y aquellas ubicadas en el interior del país, incentivando así la concentración del sector.
