La Argentina responderá a las demandas presentadas por compañías privadas ante tribunales internacionales, con el argumento de que los perjuicios ocasionados por la salida de la convertibilidad son parte del «riesgo empresario». Además, alertará sobre el «estado de necesidad» en que se tomaron estas medidas, según adelantaron ayer fuentes oficiales.
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Estas líneas argumentales, trazadas por la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Economía y la Procuración General, serán llevadas al tribunal del Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde están radicadas 26 demandas contra la Argentina por incumplimientos de contratos por un monto cercano a los 4 mil millones de dólares.
El primer paso con estos argumentos se dio a mediados de diciembre pasado cuando la Procuración respondió la demanda presentada por la compañía norteamericana CMS, que tiene una posición minoritaria en Transportadora de Gas del Norte (TGN), y ahora esperan la respuesta del tribunal. La Procuración destaca el «estado de necesidad» en que estaba sumida la Argentina en 2001, cuando Eduardo Duhalde ordenó el congelamiento de las tarifas públicas. Afirma: «Era la crisis política, económica y social más grave de la Argentina». Y explica que la crisis llevó a la Argentina a niveles «incluso debajo de los alcanzados como coletazo de la crisis del '30, iniciada en Wall Street».
El argumento apunta a que varios personajes mundiales, como los premios Nobel Paul Krugman o Joseph Stiglitz, ambos norteamericanos, junto a presidentes de otras naciones, alertaban sobre el riesgo de «disolución» de la Argentina, y la posibilidad de caer en la «anarquía política» ante el nivel de conflictividad social.
Destaca que de haberse «dolarizado» las tarifas como lo exigieron varias empresas, el nivel de pobreza hubiera trepado hasta 65%. Y que merced a este congelamiento «el índice de morosidad en el pago de varias empresas se ha reducido notablemente» durante el último año. En contra de la «dolarización» de las tarifas, el argumento incorporado da cuenta que las tarifas ya eran elevadas -»las mayores del hemisferio»- porque incorporaban una sobretasa por el riesgo de devaluación. Por lo que «la devaluación no podría ser un hecho imprevisible» para grandes inversores extranjeros.
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