Primicias del Presupuesto 2009

• La inflación proyectada para 2009 será sólo de 8%.• Se fija dólar en $ 3,20 como base para calcular ingresos.• El gobierno quiere que el Congreso le apruebe facultad de financiar el Tesoro con excedentes del Banco Nación.• Diputados y senadores oficialistas ya se niegan al pedido.• Tampoco quieren modificar la partida que fija fondos extra para la construcción del tren bala Buenos Aires - Rosario.• Rebeldía se suma a nuevas críticas a la ley de jubilaciones.

Miguel Pichetto

El gobierno no tiene en el Congreso por estos días sólo problemas con su ley de movilidad jubilatoria. Ayer se supo que la rebelión dentro de los bloques kirchneristas también impactará en el proyecto de Presupuesto Nacional 2009, que aún no ingresó a Diputados, pero del que ya se conocen algunos datos. Así, esa iniciativa se sumaría a la ola reformista que impera en el Congreso sobre los proyectos que envía el Poder Ejecutivo y que incluyó desde la fallida Resolución 125, la ley de reestatización de Aerolíneas Argentinas, la movilidad jubilatoria y seguramente sumará también a la ampliación presupuestaria por $ 23.000 millones que la Casa Rosada también girará a Diputados.

Nadie cuestionó aún en el Congreso que la proyección del tipo de cambio para el Presupuesto 2009 se haya fijado en un dólar de $ 3,20. Pero sí algunas de las decisiones que el gobierno quiere incluir en esa ley y que los propios kirchneristas no están dispuestos a convalidar.

Tren bala

Antes de que el proyecto ingresara, desde Economía se conocieron algunos de los artículos que pusieron los pelos de punta a los diputados. Por ejemplo, no hay voluntad de aprobar las partidas para reforzar el financiamiento para la construcción del tren bala de Buenos Aires a Rosario, que cuenta con garantía de bonos del Estado por mas de u$s 4.000 millones.

También se cuestiona que se pida habilitar al Banco Nación como prestamista del Tesoro, cómo hoy operan la ANSeS o la DGI con sus excedentes. En su lugar los diputados quieren trabajar sobre las líneas de crédito y las tasas de interés que pide el Nación en los préstamos que otorga.

La ley de jubilaciones tampoco termina de convencer a los senadores oficialistas y mucho menos a los opositores. Ayer hasta José Pampuro tuvo que reconocer al mediodía que el proyecto quizás tenga modificaciones en el Senado, lo que obligaría a devolverlo a Diputados donde ya sufrió cambios. Miguel Pichetto se apuró luego a aclarar que ésa no era la intención del oficialismo, pero nadie puede asegurar que logre votarlo sin cambios.

Para colmo ayer expusieron ante las comisiones de Trabajo y Presupuesto y Hacienda que analizan el proyecto los representantes de la Cámara Federal de la Seguridad Social y expertos en temas previsionales. Todos manifestaron su desacuerdo con la fórmula de movilidad que ya fue votada en Diputados y que contempla un mix entre la evolución de la recaudación de los impuestos al trabajo y el índice de evolución laboral que elabora el INDEC o el RIPTE que mide las variaciones del trabajo estable, según cual sea el mayor.

Presidido por los senadores Gerardo Morales y Fabián Ríos, el plenario escuchó en primer lugar al abogado Guillermo Jáuregui, experto en temas provisionales. Jáuregui intentó demostrar en su exposición, apoyado por un power point, que la fórmula de movilidad que contempla el proyecto oficialista «es un mecanismo técnicamente incorrecto, sobre el cual nadie se tomó el trabajo de experimentar con casos reales».

Lo siguió el juez de la Cámara-Federal de la Seguridad Social, Luis Herrero, quien consideró que de aprobarse el proyecto como está «continuará la litigiosidad en el fuero de seguridad social y esto es lo que debemos evitar». Para el camarista, la fórmula que contempla la iniciativa «no reuniría las condiciones necesarias para considerar razonable la garantía de movilidad» y consideró que el índice de movilidad «es sumamente restrictivo».

El fiscal de la seguridad social, Gabriel de Vedia, tampoco tuvo palabras elogiosas para el proyecto: «No hay aceptación generalizada, va a aumentar la litigiosidad».

Superpoderes

Mientras tanto continuó creciendo en el Congreso otro foco de conflicto para el gobierno. La UCR, la Coalición Cívica, el PRO y el socialismo siguieron adelante en su campaña en contra de los superpoderes presupuestarios.

Los radicales, por ejemplo, se anticiparon y lanzaron una campaña nacional, al tiempo que presentaron un proyecto de ley con el objetivo de « defender la República y la división de poderes».

Además, el Comité Federal de la UCR, decidió agregar a la batería de medidas la «decisión orgánica de no aprobar en el Parlamento ningún tipo de prórroga de la emergencia económica, ni de artículos que generen la delegación de facultades».

Desde la Coalición Cívica, Adrián Pérez insistió también en la necesidad de «voltear los superpoderes» y lo fijó como el principal tema de agenda que tiene la oposición.