Privatizadas: comienza hoy el primer juicio al Estado

Comienza hoy el primer juicio internacional contra la Argentina por incumplimiento de los contratos de las privatizadas. La estrategia del gobierno se fundará en que los inversores extranjeros no podrían tener una protección mayor que el resto de los ciudadanos. La audiencia comienza en un momento difícil en las relaciones económicas internacionales, tanto con el Fondo Monetario como con los países del G-7.

Horacio Rosatti

Por primera vez hoy en París se abrirá una audiencia de prueba en un juicio de una privatizada contra el Estado nacional en el marco del CIADI (Centro Internacional de Arreglos de Diferencias sobre Inversiones, dependiente del Banco Mundial).

El Estado argentino estará representado por el ministro de Justicia, Horacio Rosatti, quien, hasta su designación en el cargo hace dos semanas, había diseñado la estrategia oficial frente al CIADI y constituido un grupo de abogados encargado de la defensa. Rosatti dejará esta actividad a su sucesor en la Procuración, Osvaldo Guglielmino (ver vincualda), cuando termine la presentación de esta semana en Francia.

El demandante en la audiencia es la empresa CMS Gas Transmission Company de Estados Unidos. Este juicio es el que está más adelantado entre la treintena de demandas que se presentaron ante el CIADI invocando los tratados de protección recíproca de las inversiones que firmó la Argentina con los principales países del mundo en la década del '90.

Las demandas, que totalizarían reclamos por cerca de 16 mil millones de dólares, fueron presentadas por empresas privatizadas o por sus accionistas debido a que la Ley de Emergencia Pública suspendió en enero de 2002 los contratos con las compañías de servicios públicos.

Los plazos están más adelantados en el caso de CMS porque esta empresa se había presentado en 2001, luego de que la Justicia argentina prohibió la indexación de las tarifas de gas según la evolución de los precios industriales en EE.UU. Posteriormente, CMS acumuló en la misma demanda el reclamo contra la Ley de Emergencia, que pesificó las tarifas y las congeló, sin que hasta ahora se hayan producido ajustes.

• Demanda

CMS es accionista minoritario de Transportadora de Gas del Norte (TGN), y su demanda prosperó en el CIADI aun cuando en una primera presentación en diciembre pasado, Rosatti cuestionó que inversores con participaciones menores y sin el control operativo de la empresa de servicios públicos pudieran invocar el tratado de protección recíproca de inversiones.

La demanda de CMS contra la Argentina suma u$s 265 millones, y a partir de hoy y por el término de diez hábiles, la empresa y el Estado argentino deberán aportar pruebas para sustentar sus posiciones.

En lo que sería uno de los lineamientos principales de su alegato, Rosatti declaró que «las inversiones extranjeras no pueden ser una isla y tener una protección mayor de la que pueden tener los habitantes del país en caso de una crisis como la que vivió la Argentina».

También adelantó que cuestionará «la evolución económica del demandante, enfatizando que se llevó a cabo una política de endeudamiento equivocada a pesar de contar con una tarifa sobrevaluada». Asimismo, Rosatti sostuvo que «el Estado argentino no va a permitir que laudos internacionales vulneren el estado de derecho constitucional argentino»; su teoría es que cualquier fallo que dicte el CIADI deberá luego ser some-tido a la Justicia argentina.

Las empresas privatizadas tienen una actitud ambivalente con respecto al CIADI. Prácticamente todas las que tienen accionistas extranjeros se presentaron, pero con la idea de que se trata de una forma de presión, más que una herramienta concreta de recuperar lo que perdieron como consecuencia del fin de la convertibilidad.

• Renuncia

Sin embargo, a medida que fue transcurriendo el tiempo y no hubo avances en la rene-gociación de los contratos, el CIADI comenzó a ocupar otro lugar en la agenda de las privatizadas. «Nadie va a renunciar a ese derecho», afirman en la actualidad los mismos que un año atrás sostenían que «un juicio en el CIADI es a largo plazo y aun con un fallo favorable habrá que ver cómo se le puede cobrar a un Estado en default».

En este momento, parecería que las compañías ven a estos juicios como parte de una presión generalizada sobre la Argentina por parte de los organismos multilaterales de crédito, los países del Grupo de los Siete, y los tenedores de bonos.

El gobierno, a su vez, advierte esa posición, por lo cual para cualquier avance en la renegociación de los contratos, pide la renuncia a los juicios en el CIADI, y también que la empresa concesionaria se comprometa a afrontar el costo de un fallo desfavorable en caso de que prospere la demanda de un accionista minoritario.