Parte de la Justicia, como si viviera en otro país sin problemas económicos ni urgencias fiscales, se autogestiona por estos días el cobro de 9 millones de pesos. El proyecto parte del siempre polémico Consejo de la Magistratura, que ahora reclama que a través de una resolución el gobierno los deje afuera de la Ley de Emergencia Económica. Esto le permitiría cobrar al Poder Judicial juicios ganados por los magistrados y funcionarios en reclamo de recomposiciones salariales en moneda corriente y no a través de bonos del Estado, tal como impone esa ley para el resto. Lógicamente el Consejo asegura que se trata de una medida "de excepcionalidad".
Ahora el tema pasará a ser resuelto por la Corte Suprema, que podría rechazar este pedido del Consejo. Hay que recordar que la Corte avaló al gobierno durante la crisis fiscal en la reducción de los salarios de la administración pública, y viene manteniendo un criterio de prudencia en los gastos por pedido expreso del Poder Ejecutivo.
Mediante una resolución que seguramente traerá polémica, el Consejo de la Magistratura le pidió ayer al gobierno que no se aplique en el ámbito de su jurisdicción la Ley de Emergencia Económica y le posibilite pagar los juicios ganados por los magistrados y funcionarios en reclamo de recomposiciones salariales en moneda corriente y no a través de bonos del Estado. Esta medida de excepcionalidad fue planteada bajo el argumento de que quedan varios juicios con sentencia firme, unos 9.000.000 de pesos, que deben ser cancelados antes del 31 de diciembre próximo y el Consejo no cuenta con los fondos necesarios por agotamiento del presupuesto al 31 de octubre pasado que les impide cumplir con esa obligación judicial.
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La medida aprobada por unos 12 consejeros se tomó ayer en razón de que el artículo 23 de la mencionada norma legal habilita a dicho cuerpo aplicarla en el Poder Judicial. También se hace hincapié en la disposición constitucional que autoriza al Consejo de la Magistratura a «administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigna a la administración de Justicia». La Ley de Emergencia Económica dispone la suspensión de los juicios contra el Estado y el pago de aquellos que tengan sentencia firme en títulos públicos a largo plazo, una alternativa que rechaza el Consejo, al parecer, en una actitud diametralmente opuesta a la de la Corte.
El máximo Tribunal suele tener serios roces con el Consejo de la Magistratura por la conducción del Poder Judicial y sus relaciones con los restantes poderes del Estado. La Corte se ocupó la semana pasada de sacar una acordada que daba inmediato cumplimiento a la ley en toda su jurisdicción y ordenaba la inmediata comunicación del estado de situación de todas las causas a la Procuración General del Tesoro, que concentra la defensa de los juicios contra la Administración Pública.
También la Corte instó a adherir al recorte salarial al personal judicial, mientras el Consejo se opuso a la disminución de haberes y, en su momento, avaló una recomposición salarial que pidió el sindicato que lidera Julio Piumatto -secretario de prensa de la CGT disidente de Hugo Moyano- y que en la práctica significaba 20 por ciento de aumento salarial. La medida finalmente no prosperó por falta de fondos. Pese a las señales de apoyo a la política económica del gobierno, la Corte no definió la constitucionalidad del Decreto 430/2000 que habilitó ese recorte por falta de una ley del Congreso que lo ratificara.
Autonomía
A su vez, el Consejo que suele esgrimir la autonomía del Poder Judicial, en este caso, por falta de fondos, comunicó que impulsará las gestiones ante el Ministerio de Economía y la jefatura de Gabinete para que le sean asignados esos recursos financieros. Sin embargo, el plenario, entre el que se encuentra el representante del Poder Ejecutivo, Alfredo Vítolo, y el senador peronista, Augusto Alasino -además de una mayoría de jueces y abogados-, decidió comisionar al flamante presidente de la Comisión de Administración y Financiera, Claudio Kiper, para que logre el apoyo de la Corte a fin de lograr una mayor presión ante José Luis Machinea y Chrystian Colombo.
La ley declara por un año en emergencia la situación económico-financiera del Estado nacional, la prestación de servicios y la ejecución de contratos a cargo del sector público. Sólo se exceptúan las operaciones del Banco Nación y del BICE (Banco de Importación y Comercio Exterior) y se le permite al Poder Ejecutivo prorrogarla por un año más. Se podrán rescindir o renegociar los contratos con el Estado salvo los de los servicios públicos privatizados. El empleo público también será flexibilizado, reubicando al personal, aunque deja expreso que esas disposiciones no afectan a los dependientes del Congreso, pero nada dice del Poder Judicial.
También se suspenden los plazos procesales en todos los juicios contra el Estado hasta que no se notifique la existencia de ese juicio a la Procuración del Tesoro, que tendrá un plazo de 20 días para tomar intervención y activar la defensa. Se consolidan todas las deudas en el Estado vencidas desde el 31 de marzo de 1991 y hasta el 1 de enero de 2000 y las deudas previsionales posteriores al 31 de agosto de 1992 y hasta el 1 de enero de 2000. Las deudas previsionales -se estiman unos $ 6.000 millones-se consolidarán únicamente cuando tengan sentencia de la Corte. Para pagar ambas deudas se emitirán bonos hasta 16 y 10 años de plazo, respectivamente. Ese marco jurídico es el que quiere obviar el Consejo.
