Prometen firmar con FMI en junio y les hacen una oferta a privatizadas

El gobierno prometió ayer a los representantes en la Argentina de los países del Grupo de los Siete (G-7), que durante mayo logrará que el Congreso apruebe reformas a las leyes de «subversión económica» y de Quiebras, además de avances concretos en un acuerdo fiscal con las provincias. También aseguró que en junio, la Argentina firmará el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que luego de éste el gobierno se dedicará a negociar con las empresas privatizadas sobre la base de la ampliación de los plazos de inversiones y de concesiones a cambio de no modificar las tarifas.

Los ministros de Economía, Roberto Lavagna, y de Relaciones Exteriores, Carlos Ruckauf, y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Martín Redrado, reclamaron a los embajadores del G-7 que mientras se cumplen estas promesas oficiales, ayuden a cerrar con el FMI o que por lo menos no haya más declaraciones desfavorables hacia la Argentina.

Esta suerte de pacto o pedido de tregua a los principales países industrializados se hizo ayer a la mañana en el salón principal del piso 13 de la sede ejecutiva de la Cancillería argentina en el nuevo edificio de Esmeralda y Arenales. Puntualmente fueron ubicándose en los sillones de la oficina los embajadores de EE.UU., James Walsh; Alemania, Klaus Bonnemann; Canadá, Thomas MacDonald; Francia, Paul Dijoud; Italia, Roberto Nigido; Japón, Tosio Watanabe; Reino Unido, Robin Christopher, y Rusia, Evgueny Astakhov. Como invitado especial, dado el grado de inversiones que España tiene en la Argentina, estuvo el embajador de ese país, Manuel Alabert Fernández.

Durante la reunión, Lavagna y Redrado repitieron que «es para volver al mundo» y «para respetar la seguridad jurídica». En el medio de estas frases, Lavagna y Redrado fueron los encargados de presentar los 14 puntos generales firmados por Duhalde y los gobernadores la semana pasada, y los planes y tiempos concretos para las medidas que desde Economía se consideran fundamentales. Se les pidió tiempo para demostrar a los gobiernos que se volvió a «los caminos de la seriedad y de la seguridad jurídica».

Lavagna explicó luego que no deben esperar en este momento de su gestión «megaplanes» o «medidas grandilocuentes», sino que se dedicará a « ganar la confianza de los agentes económicos a base de cumplir con lo que se promete».

• Explicación

Los dos primeros puntos sobre los que se concentró el ministro de Economía fueron la explicación de las medidas financieras que se están por aplicar. Habló primero de la reprogramación de los depósitos con el nuevo alcance del plan BONEX. En este capítulo, Walsh y Fernández fueron los más interesados y los que más notas tomaron. Según las explicaciones de Lavagna, el gobierno está trabajando en una estrategia de «market fiendly» o búsqueda de la confianza entre el público, los bancos, el gobierno y los países centrales. Se habló de los bonos con respaldo de las entidades y del «Plan B», la estrategia de fideicomisos financieros como garantías. Como tema paralelo, y a requerimiento del embajador español, Lavagna repitió que la idea de modificación del CER es respetar la base de indexación salarial que se votaría esta semana en el Congreso.

Lavagna pasó luego a una de las promesas que más esperaban los delegados de los países centrales. El ministro de Economía aseguró que en menos de 15 días las leyes de «subversión económica» y de Quiebras estarán reformadas por el Congreso.

El quinto punto al que se refirió Lavagna fue a que durante mayo el gobierno avanzará en la redacción de un nuevo pacto fiscal con las provincias, que incluya la reducción de 60% del déficit. Para que la confianza de los embajadores no decayera, Lavagna les recomendó que personalmente llamaran a los gobernadores para que les confirmara la promesa oficial.

Luego Lavagna comenzó a explayarse con el capítulo FMI. Dijo que la firma del acuerdo con el organismo financiero estará casi cerrada una vez que se hayan terminado los cinco puntos explicados, deslizando que la finalización de las negociaciones será en junio. Fue allí cuando el titular de la cartera de Economía desarrolló el capítulo que más interés despertaba en los embajadores: la apertura de las discusiones con las empresas de servicios públicos privatizados. En rigor, se comprometió formalmente a renegociar estos contratos inmediatamente después de terminadas las reuniones con el FMI. Fue inclusive más allá y avanzó sobres las pautas que tiene en mente para abrir el debate. Según Lavagna, las empresas privatizadas no deben esperar ningún tipo de indexación de tarifas en el actual marco inflacionario y recesivo, lo que «sería terminal para la Argentina». Sin embargo dijo, en nombre de gobierno, que hay predisposición para alargar las concesiones y estirar los plazos de los compromisos formales de inversiones.

Para el final quedó el tema comercial que, a priori, es el que más seduce a Lavagna por su formación productivista. El ministro puso allí como ejemplo la relación bilateral que, desde la asunción de Duhalde, la Argentina mantiene con los Estados Unidos y que maneja Martín Redrado. El ministro ponderó la apertura de los mercados de ese país a la siderurgia, miel, carne y cítricos entre otros productos. Y, como contrapartida, la intención del gobierno argentino de modificar la ley de patentes, uno de los reclamos más antiguos de los miembros del G-7.