Ahora, el nuevo proyecto de ley no sólo extendería el plazo ante la evidencia de que los contratos no estarán renegociados antes de fin de año.
Posteriormente, una vez que esté la aceptación o rechazo parlamentario, el acta será firmada por los ministros de Economía y Planificación, elevada a los órganos de control del Ejecutivo, y finalmente aprobada por decreto.
El criterio es evitar el desgaste de los ministros que firman el acta y que pagan el costo político de una decisión que luego puede terminar rechazada. Es, además, una manera de cubrirse frente a aceptaciones como la que se hizo con el acta de Aguas Argentinas. El Congreso la aprobó, pero también hizo recomendaciones para que el Ejecutivo nunca más pusiera en marcha un acuerdo, antes de la aprobación parlamentaria.
Por otra parte, los legisladores opinarán en las audiencias públicas, por lo cual el Ejecutivo tendrá oportunidad de tomar con antelación las objeciones que se le están realizando.
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