Puntos clave del proyecto

El Plan de Infraestructura, una creación del renunciado Nicolás Gallo, establece:

· Un programa de inversión en obras públicas de $ 20.500 millones para los próximos cinco años.

· De ese monto $ 14.000 millones serían aportados por el sector privado y $ 6.500 millones por el Estado.

· En realidad, hoy existen en firme fondos por $ 2.000 millones provenientes de la venta de activos del Estado, como acciones del Banco Hipotecario o bienes residuales de los ferrocarriles privatizados.

· Con esos activos se alimentará un fondo de garantía que actuará como financiador de las obras.

· Con esos fondos se piensa realizar obras por unos $ 1.500 millones en el próximo año, lo que significa aproximadamente el doble del promedio de obras de los últimos años. El arranque del plan se basa en una lista de 70 emprendimientos que el gobierno ya acordó con las provincias.

· El gobierno publicita el Plan de Infraestructura prometiendo la creación de 100.000 puestos de trabajo que, en un 90 %, irán a ciudadanos argentinos.

· El problema central, desde que el Congreso comenzó a debatir el proyecto fue el sistema de licitación de las obras. Se establece un mecanismo de contratación en el que cada empresa debe conseguir el financiamiento de las obras. Una vez concluidas deberán ser canceladas por la Nación y las provincias con pagos que se garantizan a través del Fondo especial que se crea en la ley.

· El problema radicó siempre en el carácter de las licitaciones. Durante el comienzo de los debates, y por un largo tiempo, se discutió sobre un llamado nacional o internacional. Finalmente, se acordó que para las obras de hasta $ 45 millones se reserva el mercado a empresas nacionales -aunque el Estado en algunas ocasiones puede decidir la convocatoria a empresas del exterior-y de allí para arriba se abre la competencia a las internacionales. Pocos días antes de la salida de Nicolás Gallo del gobierno, ya se había establecido una autorización al Poder Ejecutivo para que éste decidiera en los montos más altos el llamado a licitación nacional o internacional, pero ese punto ayer fue eliminado.

· El proyecto, además, permite a las PyME agruparse y formar Unión Transitoria de Empresa para participar de la competencia, y en caso de que se adjudique una obra a una empresa internacional, ésta deberá subcontratar en un 20 por ciento a PyMEs.