Quiere Senado levantar también secreto fiscal

La modificación de la legislación local sobre lavado de dinero que permitirá el levantamiento del secreto bancario y bursátil sin intervención judicial sufrirá una dura pelea esta semana también en el Senado. Peronistas y radicales de esa cámara continúan cuestionando que se haya eximido a la AFIP de la prohibición de oponer el secreto cuando la Unidad de Información Financiera le requiera algún dato. En Diputados, ante la presión de Alberto Abad, se había eliminado el levantamiento del secreto fiscal, que operará sólo en los casos en que la investigación se inicie directamente desde la DGI o cuando exista una orden de juez competente.

Los problemas que se detectaron en el Senado, y que en Diputados fueron pasados por alto ante la urgencia del gobierno en que se votara la ley para responder a la presión internacional, básicamente son dos:

• La UIF ya se ha quejado de la falta de operatividad que tendrá en sus investigaciones si la AFIP se niega a brindar información sobre los movimientos en supuestos casos detectados de lavado de dinero. De hecho, algunos bancos y entidades que esperaban la votación de una ley para entregar con libertad -aunque existen cláusulas de confidencialidad sobre esa información- datos de sus clientes, ya han manifestado que no ven con buenos ojos que se exija a los privados la apertura de sus registros y que esto se niegue dentro del propio Estado, como pretende la DGI. Para la UIF estos problemas pueden generar que un expediente de investigación quede trunco al no poder obtener la totalidad de los datos o que deba pasarse al Ministerio Público para que se lo investigue judicialmente, cuando en realidad se trata de un chequeo de información que no necesariamente implique se que está detrás de un delito.

• El segundo punto en conflicto es el mayor poder que se esta dando a la AFIP y la complicación que esto puedegenerar a clientes de entidades financieras a los que la UIF está solamente monitoreando para constatar datos. Es el caso de los informes que la UIF deberá elevar al Ministerio Público y a la AFIP en caso de que las investigaciones fueran iniciadas por el organismo de recaudación. Se interpreta que de esta manera se confundirán las investigaciones sobre evasión con las de lavado de dinero, o mejor dicho, que una averiguación para comprobar información en la UIF sobre movimientos financieros, que en 80% no terminan en denuncia porque se comprueba que no existió delito de lavado, se convierta en una causa judicial promovida por la DGI.