Reacción

Como era previsible, reaccionaron ayer los gobernadores ante la demanda generalizada en el interior por subas de salarios públicos. Fue la obvia consecuencia del anuncio de aumentos del gobierno nacional. Exigieron que la Casa Rosada financie con envíos de fondos extra el incremento que reclaman los gremios estatales, ya que las cuentas provinciales correrían el riesgo de quebrar el equilibrio fiscal logrado tras las exigencias del FMI. Tampoco adhieren a la idea de financiar un eventual aumento con la mejora en la recaudación que algunas provincias no disfrutan. Se abre de esta manera un nuevo frente con los gobernadores, que se suma a la resistencia de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe para suscribir el borrador del proyecto de coparticipación y a las quejas por el plan de seguridad.

Angel Maza, Carlos Rovira y José Luis Gioja. El primero anunció una suba de salarios; los otros dos rechazan de plano esa posibilidad.

Forzados por la medida nacional de aumentos en los salarios públicos menores a $ 1.000, los gobernadores se vieron obligados a debatir una cuestión que contrasta con la obligación de mantener el equilibrio de sus cuentas. Cedieron ya Catamarca y La Rioja y anunciaron ayer la posibilidad de beneficiar a los estatales con subas en los sueldos. En tanto, otros mandatarios (Misiones, San Juan) mantuvieron su gallardía y aseguraron que no hay recursos para derrochar. Por lo pronto, las Gobernaciones se preparan para pedir audiencia con Néstor Kirchner apenas regrese de los Estados Unidos y pedirle financiamiento extra para aplicar en el interior la misma disposición salarial que Nación.

Se confirmó así el temor de los gobernadores de que apenas hecho el anuncio nacional se producirían andanadas de reclamos para iniciativas análogas en los distritos.

Tanto es así que hasta surgió ya un proyecto de ley del senador nacional por Jujuy Gerardo Morales (UCR), apoyado por todo el bloque, que establece un aumento salarial en todas las provincias y municipios, pero financiado por Nación. El incremento sería en promedio de 23%, tal como lo anunció la Casa Rosada.

La idea, de todas maneras, no pareció descabellada en las gobernaciones donde, según dejaron ver ante consulta de este diario, que quieren sumar presión ante el gobierno nacional para que les financie los aumentos salariales.

De no ser así, se verían forzados a romper los pactos fiscales de este año que les imponen a las administraciones provinciales restricciones en el gasto, incluido el ítem «sueldos». Lo que los gremios no interpretan, se quejan en las casas de gobierno, es que el incremento de la recaudación que permitió a Nación subir los sueldos a sus estatales no es extrapolable a las provincias ya que lo que más se recaudó son tributos como la retención a las exportaciones, que no se coparticipan.

La mayoría de los gobernadores, por lo tanto, no piensa aumentar los sueldos. Pero coinciden en asegurar, de todas formas, que hay que esperar a ver si la presión de los gremios no obliga a los mandatarios a ceder para mantener la gobernabilidad.

Ayer arreciaron los pedidos de aumentos en los sueldos en las provincias siendo el efecto aún más grave porque en los distintos distritos la mayoría de los sueldos públicos está por debajo de los $ 1.000.

Otro que condicionó la suba de salarios a la ayuda financiera de Nación fue el cordobés José Manuel de la Sota. Dijo que «con recursos propios sólo podría atender un pequeño aumento». Trascendió en este sentido que se podría tratar del descongelamiento de la antigüedad, que representa unos $ 60 millones anuales.

Sostuvo que «mayores aumentos únicamente serían aplicables si hay acuerdo con Naciónpor los temas coparticipación y PFO». Como se sabe, Córdoba busca ayuda para refinanciar su deuda de más de $ 200 millones a cambio de adherir al proyecto de coparticipación, también resistido por Santa Fe y Buenos Aires.

Hasta ahora 7 provincias anunciaron -y algunas ya concretaronaumentos desde diciembre de 2003: Buenos Aires, Río Negro, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Santa Fe, Entre Ríos y Tucumán. Ayer se sumaron Catamarca y La Rioja.

• CATAMARCA: El ministro de Hacienda, Jorge Greco, anunció que el gobernador, Eduardo Brizuela del Moral, comenzó a analizar los alcances de un próximo aumento de sueldos. Señaló que el ministerio presentará al gabinete una serie de alternativas para solventar un futuro incremento y que también estará incluida la situación de los municipios. De todas formas, trascendió que no necesariamente se aplicará el mismo criterio de selectividad de la medida nacional y que se contemplará que la magnitud del impacto fiscal sea soportable con el presupuesto de la provincia.

• LA RIOJA: Angel Maza, presionado por los gremios, prometió un incremento en asignaciones familiares que, sin embargo, no conformó a los sindicalistas. Tampoco los dejaron satisfechos subas en la antigüedad en 10% y en las pensiones graciables en 100%. La medida, según se informó, alcanzaría a estatales provinciales y municipales. Maza se comprometió con los dirigentes gremiales a que una vez regresado Néstor Kirchner de Estados Unidos, los gobernadores le pedirán una audiencia para tratar de conseguir financiamiento que permita a las provincias aplicar el mismo incremento salarial que aplicó la Nación. Veamos la situación en otras provincias.

• MISIONES: Carlos Rovira dijo, a despecho de los opositores de la Legislatura que la semana pasada aprobaron una ley en este sentido y que el gobernador vetó, que no hay recursos para devolver una quita de 13% establecida años atrás ni para aumentar los sueldos a los estatales. Afirmó que «es impensable gastar un peso más de las erogaciones en sueldos» y que si el Estado nacional dio aumentos a sus agentes «es porque dispone de más impuestos, y algunos sueldos son más bajos que en el nivel provincial».

• CORRIENTES: También en esta provincia la oposición hace pie en el reclamo gremial y pone en un brete a la administración de Ricardo Colombi. Dirigentes sindicales recibieron el aval de los diputados justicialistas, liberales intransigentes, nuevistas y de Proyecto Corrientes en su pedido de aumentos, una medida que Colombi se vería obligado a vetar.

• ENTRE RIOS: Jorge Busti se vio forzado a hacer su propia propuesta salarial en la que el salario mínimo sería de $ 400. Según su antigüedad, el aumento de bolsillo propuesto para el sector sería de $ 40, $ 81 o $ 127 pesos. Los gremios consideran que el anuncio debiera ser «una primera etapa» en el objetivo de alcanzar los $ 700.

• SAN JUAN: José Luis Gioja dijo que la única posibilidad de equiparar a los agentes provinciales con los nacionales es conseguir recursos extraordinarios. Concluyó en que ahora todo depende de lo que se obtenga en la Rosada partiendo de la base de que es necesaria la autorización para salirse del Programa de Financiamiento Ordenado para cualquier aumento si no se reciben fondos nacionales.