La Corte Suprema decidió rechazar un amparo que pedía que se declare la inconstitucionalidad de las retenciones presentado por un ciudadano (no productor agropecuario) en contra del Estado, por considerar como inadmisible su pedido. La decisión del máximo tribunal fue «in limine», es decir, sin llegar a tratar el caso.
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Jorge Zatloukal, como «ciudadano en su condición de consumidor» y a través de un amparo presentado en forma directa a la Corte, había solicitado que el máximo tribunal declare la inconstitucionalidad de la imposición de las retenciones móviles alegando que esta norma «produce el encarecimiento y el peligro de desabastecimiento».
La resolución del máximo tribunal ( decidida el miércoles pero que en medio del interminable conflicto con el agro se intentó mantener lo más silenciada posible) se basó en que las retenciones no afectan de manera directa a quien presentó el recurso, ya que no se trata de un productor. Tal como reza el fallo, «el demandante no puede expresar un agravio diferenciado respecto de la situación en que se hallan los demás ciudadanos y tampoco puede fundar su legitimación para accionar en el interés general en que se cumplan la Constitución y las leyes».
Injusticia
Zatloukal dijo a este diario que «el fallo de la Corte Suprema de ayer es una suprema injusticia. La semana que viene la decisión va a ser apelada ante la Corte Interamericana en Washington».
El fallo, firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, no significa alguna posición respecto de las retenciones móviles, ya que no se pronunció sobre la constitucionalidad o no de éstas.
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