Reclamo de acreedores por demora argentina
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Los principales grupos se están formando en Japón (comandados por el Mitsubishi Bank), Italia (Nicola Stok controla a la mayoría de los 400.000 minoristas que tienen bonos argentinos), Alemania (bajo el control del Deutsche y del Hypo Vereinsbank) y los Estados Unidos (todavía se discute quién los representará).
Nielsen ya está trabajando con expertos para comenzar a delinear la propuesta. El lunes arribó a Buenos Aires quien maneja los contactos por parte de Lazard Fréres, Michele Lamarche, cuyo objetivo es asesorar al gobierno argentino, pero sin negociar con los acreedores. También llegó a principios de la semana Eduardo Borensztein, economista del FMI, que explorará la posibilidad de emitir nuevos bonos cuyos pagos estén atados a la actividad económica.
• Opinión fundamental
Otra de las presencias clave que se esperan en Buenos Aires para las próximas semanas es la de Gerard Hausler, el encargado en el FMI del área de mercado de capitales. Su opinión será fundamental para determinar de qué forma se arma la propuesta para reemplazar los bonos en default por nuevos títulos.
Más allá de las distintas nacionalidades, los acreedores coinciden en una serie de cuestiones respecto de la reestructuración de la deuda, que podrían resumirse en las siguientes:
• Exigirles a los multilaterales que también cedan parte de sus acreencias: sostienen que tanto el FMI como el resto deberían aceptar una quita de capital, tal como se les está pidiendo a los privados. Sin embargo, se trata de un punto complejo, ya que no lo permiten los estatutos de dichos organismos. Estos aseguran que si bien no aceptan quitas, igual ayudan al país a través de la refinanciación de las deudas que vencen. El monto total de las acreencias asciende a u$s 35.000 millones.
• Trato igualitario de acreedores argentinos y extranjeros: en el exterior temen que los sometan a una quita mayor que los tenedores de títulos en la Argentina. Por eso, están presionando para que el equipo económico también reestructure a los préstamos garantizados (suman u$s 26.000 millones) que están en manos de inversores argentinos.
Tras las negociaciones que se mantengan con los grupos consultivos y la presentación inicial de lo que puede ser la oferta a los acreedores en setiembre, el gobierno deberá elegir los bancos de inversión que estarán a cargo de llevar adelante la operación.
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