10 de julio 2003 - 00:00

Reclamo de acreedores por demora argentina

Reclamo de acreedores por demora argentina
Los acreedores de la Argentina en todo el mundo le están reclamando al gobierno un lugar más relevante en la mesa de discusiones, cuando se avecina un momento clave en el proceso de reestructuración de la deuda. Además de pedir que el FMI y los bonistas argentinos también asuman las pérdidas, quieren tener voz y voto en la propuesta de canje que comenzará a preparar el gobierno argentino para sacar al país del default.

El secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, aclaró que el 23 de setiembre, durante la reunión anual del FMI en Dubai, no se conocerá la propuesta definitiva, sino un plan de acción respecto del proceso de reestructuración. El equipo económico también manifestó que ve con buenos ojos que ésta forme parte del acuerdo de largo plazo con el FMI.

Se trata de una compleja negociación, ya que hay 700.000 tenedores de bonos alrededor del mundo, por un monto de u$s 76.000 millones y distribuidos en 8 jurisdicciones. En estos momentos, la puja de los acreedores pasa por conseguir un lugar en la mesa de las negociaciones, a través de los denominados «grupos consultivos», que según confían en Economía deberían estar en marcha para fin de mes. Para ello, deben demostrar de manera fehaciente que representan a una masa relevante de acreedores.

El éxito de la negociación para el gobierno consiste en conseguir que la mayoría acepte la oferta final. Por lo menos entre 90 y 95% de los tenedores debería aceptar la propuesta.

Uno de los principales negociadores de la deuda argentina en los Estados Unidos expresó sus dudas respecto del mecanismo de negociación: «A nadie le interesa hacerle juicio a la Argentina, pero pedimos que haya un ida y vuelta. Hasta ahora, parece que el gobierno quiere escuchar sólo al Fondo para preparar la propuesta».

Los principales grupos se están formando en Japón (comandados por el Mitsubishi Bank), Italia (Nicola Stok controla a la mayoría de los 400.000 minoristas que tienen bonos argentinos), Alemania (bajo el control del Deutsche y del Hypo Vereinsbank) y los Estados Unidos (todavía se discute quién los representará).

Nielsen ya está trabajando con expertos para comenzar a delinear la propuesta. El lunes arribó a Buenos Aires quien maneja los contactos por parte de Lazard Fréres,
Michele Lamarche, cuyo objetivo es asesorar al gobierno argentino, pero sin negociar con los acreedores. También llegó a principios de la semana Eduardo Borensztein, economista del FMI, que explorará la posibilidad de emitir nuevos bonos cuyos pagos estén atados a la actividad económica.

• Opinión fundamental

Otra de las presencias clave que se esperan en Buenos Aires para las próximas semanas es la de Gerard Hausler, el encargado en el FMI del área de mercado de capitales. Su opinión será fundamental para determinar de qué forma se arma la propuesta para reemplazar los bonos en default por nuevos títulos.

Más allá de las distintas nacionalidades, los acreedores coinciden en una serie de cuestiones respecto de la reestructuración de la deuda, que podrían resumirse en las siguientes:

Exigirles a los multilaterales que también cedan parte de sus acreencias: sostienen que tanto el FMI como el resto deberían aceptar una quita de capital, tal como se les está pidiendo a los privados. Sin embargo, se trata de un punto complejo, ya que no lo permiten los estatutos de dichos organismos. Estos aseguran que si bien no aceptan quitas, igual ayudan al país a través de la refinanciación de las deudas que vencen. El monto total de las acreencias asciende a u$s 35.000 millones.

Trato igualitario de acreedores argentinos y extranjeros: en el exterior temen que los sometan a una quita mayor que los tenedores de títulos en la Argentina. Por eso, están presionando para que el equipo económico también reestructure a los préstamos garantizados (suman u$s 26.000 millones) que están en manos de inversores argentinos.

Tras las negociaciones que se mantengan con los grupos consultivos y la presentación inicial de lo que puede ser la oferta a los acreedores en setiembre, el gobierno deberá elegir los bancos de inversión que estarán a cargo de llevar adelante la operación.

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