El aumento en los servicios públicos (electricidad y gas primero) será la primera consecuencia del proyecto que cede facultades impositivas al Congreso. Esto fue reconocido por el propio secretario de Energía, Daniel Cameron, que tuvo que defender ayer en el Congreso el polémico proyecto. Según el funcionario, la norma no apuntaría a crear un nuevo tributo, pero sí a «aumentar las tarifas».
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Para intentar explicar todos los cuestionamientos, Cameron concurrió ayer al Congreso. El funcionario, que habló ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, no explicó cuáles son las obras que se pensaban hacer, cuánto costarán, dónde se harán, en qué plazo y, fundamentalmente, qué contribuyentes deberán pagar el nuevo impuesto, con qué alícuota y con qué plazos. Tal falta de información (en realidad, el proyecto oficial consta de 10 artículos, sin mayor profundidad) hizo que el clima en la comisión fuera más que complicado. Incluso se trasladó al debate la interna entre Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde. La diputada Marina Cassese (seguidora del ex presidente y representante del PJ de Buenos Aires) anunció además que va a presentar un dictamen propio en disidencia.
